Once y 22, por recuperarse como servicio público: Esteinou

 

Judith Amador Tello

 

El comunicólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana Javier Esteinou

 Madrid, si bien de entrada saluda la firma del Pacto por México, considera que

 éste deja de lado puntos esenciales porque “se está gobernando para el mismo

 sector monopólico concentrador y no para la sociedad en su conjunto”. Y sobre la

 designación de Enriqueta Cabrera y Raúl Cremoux al frente de las dos televisoras

 culturales, cree que, más allá de los currículos, lo que va a garantizar su

 funcionamiento es el proyecto que les permita “recuperar las demandas que

 durante 40 años ha planteado la sociedad, abrirse más a la participación

 ciudadana y al derecho de réplica”.

 

Más allá de la personalidad o currículo que ostentan los nuevos titulares de los

 canales de televisión estatal Once TV y 22, Enriqueta Cabrera y Raúl Cremoux,

 respectivamente, para el investigador Javier Esteinou Madrid lo importante son los

 proyectos a desarrollar, pues considera que una de sus primeras

 responsabilidades es recuperar su carácter de medios de servicio público y no

 manejar la imagen del presidente y sus funcionarios.

 

El investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, doctor en

 sociología y autor de diversos libros y artículos especializados en comunicación e

 información, habla de los nombramientos dados a conocer el martes 15 por el

 secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, así como de las

 limitaciones y aciertos del Pacto por México en materia de medios de

 comunicación.

 

Celebra la decisión de establecer dicho acuerdo porque “nunca se había logrado

 ese consenso entre todos los partidos”, y hasta lo equipara con los Pactos de la

 Moncloa, firmados durante la transición española el 25 de octubre de 1977 entre el

 gobierno de Adolfo Suárez, los partidos políticos con representación parlamentaria

 y agrupaciones empresariales y sindicales.

 

Dentro del Pacto por México se abordan puntos relacionados con los medios de

 comunicación y eso le parece importante. Sin embargo, lamenta que se ponga

 énfasis en la tecnología y se les vea simplemente como herramientas para la

 realización de actividades, especialmente económicas.

 

Se habla, por ejemplo, de garantizar el crecimiento de la red de la Comisión

 Federal de Electricidad, los usos óptimos de las bandas 700 MHz y 2.5 GHz y el

 acceso a internet de banda ancha en sitios públicos. Pero quedan marginados los

 aspectos ciudadanos y la democratización, y “eso es muy delicado, especialmente

 porque no mencionan en ningún momento a los medios públicos y los medios

 comunitarios”.

 

Antiguas demandas de la sociedad civil sobre este tipo de medios, como el

 derecho a la información, a la comunicación, las figuras de defensoría de las

 audiencias y la formación de consejos ciudadanos de radio y televisión, entre

 otras, no son tomadas en cuenta por el nuevo gobierno, deplora el investigador.

 

Se incluyen sólo aspectos como la expansión de la banda ancha o la licitación de

 “más cadenas nacionales de televisión abierta”, pero sin precisar cómo y con qué

 criterios se hará el proceso. Y eso, a decir del especialista, puede provocar que las

 nuevas cadenas se dejen otra vez en manos del duopolio televisivo, y sin embargo

 se estaría cumpliendo con los acuerdos del pacto; entonces, ¿cuál sería el

 avance?, cuestiona.

 

En opinión suya, falta dar a los sectores sociales acceso a los instrumentos y

 recursos comunicativos y eso no está incluido en el acuerdo:

 

“Se menciona el derecho de réplica, eso es muy bueno, pero no la manera como

 se va a reglamentar, y puede ser muy complicado como el que hoy en día está

 operando, donde el concesionario finalmente tiene el derecho de veto, decide si da

 o no la posibilidad de que el radioescucha o televidente responda ante

 informaciones calumniosas.”

 

Le parece, en suma, “que a través del pacto se está gobernando para el mismo

 sector monopólico concentrador y no para la sociedad en su conjunto, que durante

 muchísimas décadas ha venido planteando derechos ciudadanos comunicativos

 que están muy marginados o totalmente ausentes”.

 

Ahora que se nombra a los titulares de los canales Once y 22 –enfatiza– no

 pueden estar fuera del marco que ha descrito porque estarán dirigiendo medios

 públicos. Ello significa que su primer reto será cumplir con la demanda ciudadana

 de rescatar la concepción y el modelo de servicio público y no ser “carta de

 presentación o de manejo de la imagen del presidente de la República, sería algo

 muy delicado”.

 

Habrá que ver el proyecto que tiene el gobierno actual para esos medios, porque

 “especialmente el Canal Once ha perdido su carácter de medio de servicio público

 y se ha quedado como un híbrido entre medio de mercado, medio de Estado, muy

 poco de medio público y casi nada de ciudadano. Y la primera obligación es

 regresar a esto”.

 

Las formas son, por ejemplo, formar un consejo ciudadano de televisión en ambos

 medios (cabe recordar que el 22 tenía un Consejo de Planeación y Políticas de

 Desarrollo integrado por algunos especialistas e intelectuales, nombrados por el

 entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, pero dejó de operar sin explicación

 hace ya casi 20 años); reforzar las llamadas defensorías de la audiencia, para que

 estén mejor representados los ciudadanos; permitirles más acceso a las

programaciones, y ampliar ambas cadenas a cobertura nacional.

 

Para cumplir con ello, considera necesario aumentar sus presupuestos. En el caso

 del Once sí se logró, pues pasó de 637 millones 686 mil 786 pesos en 2012 a 643

 millones 71 mil 220 para 2013; en cambio el Canal 22 sufrió un recorte de más de

 21 millones de pesos, pues en 2012 se le asignaron 252 millones 853 mil 220

 pesos y para 2013 sólo 231 millones 458 mil 278.

 

Advierte Esteinou que si no hay una acción comunicativa, que hoy en día se

 realiza principalmente a través de la radio y la televisión, no podrán cumplirse los

 propósitos del Pacto por México. Y, en ese sentido, es que los canales culturales

 Once y el 22 deben volver al modelo de servicio público.

 

 

El canal “chido”

 

 Se le comenta que el Canal Once ha cambiado tanto que se pueden ver ahora

 hasta reality shows producidos en otros países donde los participantes son

 humillados:

 

“¡Exactamente! Se está transmitiendo la serie Mil maneras de morir, uno de los

 prototipos clásicos de la televisión salvaje consistente en presentar simplemente

 escenas espectaculares con tal de cautivar audiencia… Programas llamativos,

 como los ataques más feroces de animales, las explosiones más violentas de la

 Tierra o los accidentes más estrepitosos.

 

“¿Qué tiene que ver eso con el servicio público y con la ciudadanía? Por eso me

 pareció extremadamente revelador y al mismo tiempo preocupante aquel eslogan

 con el cual durante una temporada el Once se anunciaba como un ʻcanal chidoʼ.

 

Deben dejar de ser canales chidos para convertirse en medios de Estado.”

 

La pregunta es si el currículum de Cremoux y de Cabrera es garantía de que los

 canales recuperarán su perfil:

 

“Yo creo que el currículum de las personas no garantiza que vayan a convertirse

 realmente en medios de ciudadanía. Lo va a garantizar el proyecto que

 establezcan, y para eso se deben recuperar las demandas que durante 40 años ha

 planteado la sociedad sobre lo que quiere de estos medios”.

 

Puede ser, continúa, el titular más radical y con mayor experiencia, pero si no tiene

 un proyecto y si éste no se discute con la sociedad para que no sea “una decisión

 de gabinete de cúpula, negociada nada más con la Presidencia y con la Secretaría

 de Gobernación”, serán medios al servicio de la imagen del presidente y de los

 funcionarios del gobierno.

 

Y el punto es que tanto los medios públicos, como los privados son pagados con

 los impuestos ciudadanos. Por ello, dice, un principio sano es que los ciudadanos

 puedan dar orientaciones sobre lo que quieren de esos medios.

 

Respecto de los medios privados se le cuestiona qué debió contener el pacto.

 Explica que en el acuerdo se habla de establecer control sobre los poderes

 fácticos, entre ellos el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

 (SNTE), pero se omite a los monopolios televisivos.

 

Considera entonces como muy revelador que el 1 de diciembre, durante la toma

 de posesión de la Presidencia, Peña Nieto hablara en su mensaje a la nación de

 abrir la licitación de dos cadenas y de obligar a que las cadenas de televisión

 abierta ofrecieran gratuitamente sus señales de servicio restringido; pero en

 “menos de 24 horas”, según consignó el reportero Jenaro Villamil (Proceso 1884).

 El duopolio logró que el ejecutivo
retrocediera.

 

Ahora, puntualiza Esteinou, ya no será un servicio gratuito sino “a precios

 

razonables”, lo cual implica seguir con el modelo que beneficia a las televisoras de

 paga, las cuales reciben una ganancia anual de más de 2 mil millones de pesos,

 cuando ese servicio debiera ser un derecho de los ciudadanos.

 

En tanto que el investigador habló de las defensorías de la audiencia que existen

 en los medios públicos, se le pregunta si no son más necesarias en los privados,

 donde se transmiten peores contenidos. Considera que el pacto sí debería incluir

 este tipo de derechos ciudadanos, y dice que habrá que estar pendiente de cómo

 finalmente se legisla la parte correspondiente a medios, para que no termine

 siendo una nueva Ley Televisa, y pasarla con el argumento de que “se logró un

 cambio normativo”.

 

Recuerda que en 2004 hubo una iniciativa de ley en la cual hay un espíritu de

 apertura, se habla de participación de la sociedad, y bien podría rescatarse algo

 de aquel proyecto. Sería una buena señal, pues si bien el pacto avanza en ciertos

 terrenos de los derechos humanos, como la aprobación de la Ley de Víctimas, en

 materia de comunicación los derechos ciudadanos siguen muy marginados.

 

Ahí los nuevos directores del Once y 22 deberán tener mayor apertura hacia la

 participación ciudadana y el derecho de réplica, y no sólo tener la figura de la

 defensoría de las audiencias. Además propone que de abrirse una nueva cadena

 sea para medios ciudadanos nacionales y se establezcan con claridad las reglas

 de competencia de radio y televisión.

 

Debe también permitirse que los canales Once y 22 reciban ingresos adicionales,

 por patrocinios o donativos, y eliminarse el concepto de medio permisionado.

 Todos, en su opinión, son medios concesionados, sólo que tienen distintos fines:

 el servicio público, el comunitario, el lucro.

 

El sociólogo finaliza con otro tema que fue motivo de escándalo desde mediados

 del año pasado: Explica que el pacto incluye el tema de la comunicación en

 periodos electorales, pero no hay limitación al gasto en publicidad de la

 Presidencia y los gobiernos estatales, cuando tan sólo en el último año de su

 gobierno Felipe Calderón se gastó 6 mil 860 millones de pesos, un monto superior

 al presupuesto de seis años de los canales Once y 22.

 “Eso tampoco está abordado y es una irresponsabilidad”. 

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