ENTRE LA “ÉTICA” DEL PODER

Y EL PODER DE LA ÉTICA INFORMATIVA

Una mirada desde

la obra de Jorge Carpizo

Omar Raúl Martínez Sánchez*

 

SUMARIO: I. Introducción.  II. Ética o linderos del Poder Mediático.  III. Poder de la Ética en la comunicación masiva.  IV. Propuestas, aportaciones y consideraciones de corte ético y legal.

 

 

I. Introducción

Acercarse a la obra académica del Doctor Jorge Carpizo Mc Gregor (JCM) nos lleva indefectiblemente a incursionar en los terrenos jurídicos a nivel constitucional que, de manera repetida, bordea los ámbitos tanto del ejercicio del poder político como de la ética del periodismo y de los medios de comunicación en general.

Si bien enfocó su mirada reflexiva en el estudio y el análisis del sistema jurídico de nuestro país para tocar los diversos linderos y dimensiones del poder, siempre mantuvo su preocupación y postura inquisitiva en torno a la responsabilidad social de los medios de comunicación. Por ende no fue gratuito que en gran parte de sus ensayos esté implícito el tema de la ética como arista complementaria  e indispensable del derecho de la información.

En esa tesitura, el jurista mexicano estudió y analizó la importancia del derecho de la cláusula de conciencia de los periodistas como un instrumento para la protección de la libertad, dignidad y principios éticos de los comunicadores y del derecho de la sociedad a recibir información veraz y oportuna, sin deformaciones o alteraciones. Pero también, desde la perspectiva jurídica desde luego, planteó y cuestionó el excesivo poder de los medios y periodistas al grado de que,  algunos de  ellos en repetidas ocasiones, ven más al periodismo como un “fuero” y no como un servicio.

Por ello desde los años noventa  convocó a la crítica y la autocrítica de los medios de comunicación en el afán de confrontar ideas, razones, reflexiones en materia de responsabilidad ética y legal. En cierto sentido Jorge Carpizo trazó parte de la agenda pendiente en los temas de comunicación social e información de interés público. El mérito radica en que sus planteamientos, valiosos para la academia y el terreno profesional, no provenían de un comunicólogo o un analista político tradicional. Sus aportaciones  –en no pocas veces provocadoras y siempre documentadas–  fueron las de un académico (investigador y otrora rector de la UNAM), un estudioso constitucionalista con vasta obra que, además, tuvo la experiencia de ser ministro de la Suprema Corte, funcionario de gobierno (titular de la Secretaría de Gobernación y procurador general de la República), cabeza del organismo predecesor del IFE y presidente fundador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Una mínima aproximación a su obra académica desde el ámbito comunicacional arroja dos vertientes generales a las que privilegió en su visión y análisis críticos: 1) Los linderos (o la ética) del poder político y del poder mediático, y 2) El poder de la ética periodística y el replanteamiento legal de la responsabilidad social en los medios.

 

 

II. Ética o linderos del poder mediático

 

Para Jorge Carpizo (1999a) resulta imposible la existencia de una Sociedad sin Poder: ambos se implican recíprocamente. Porque para poder vivir en grupo es preciso el establecimiento de reglas mínimas indispensables que alguien debe hacer valer. Es inimaginable, por tanto, el poder al margen de la sociedad ya que por su propia naturaleza éste se expresa y construye a partir de las relaciones sociales.

Entre los principios sustanciales de su noción, destacan que el Poder es un fenómeno social al exigir una relación entre personas; supone un condicionamiento expresado en el actuar o la voluntad entre quien ordena y quien obedece; el individuo que ordena tiene los medios para imponerse, los cuales van desde la coacción o la fuerza, hasta los de índole social, psíquíco y económico; implica un reconocimiento tácito o explícito de quien tiene el poder y a quien se obedece por razones diversas, sea por miedo, respeto, influencia, persuasión, interés propio, conveniencia, temor al desprestigio social o ganar privilegios o preservarlos; el poder sufre modificaciones de acuerdo con la conducta de los actores sociales y con el tiempo y la geografía; “elementos importantes de y para el poder son su fundamento, legitimidad y finalidades. (…) La falta de legitimidad o su abuso son causas para la desautorización, la desobediencia y la insubordinación”; la legitimación se da por el prestigio, la ascendencia, la costumbre, la norma jurídica o el goce del consenso; se obedece para recibir algo a  a cambio: protección, seguridad, respeto a sus derechos u obtención de ventajas personales o para su grupo; el poder, pues, pretende constituir normas y vigilar el respeto a los usos, costumbres y tradiciones vigentes para mantener el control. (Carpizo, 1999a: 327-328)

Tras un documentado análisis sobre la conceptualización que del poder han observado diversos autores, Carpizo propone una tipología en la cual inscribe el quehacer mediático: 1) poder originario, 2) poder político, 3) poder paternal, 4) poder económico, 5) poder asociativo, y 5) poder ideológico.

El poder originario es la capacidad del pueblo para darse un sistema de organización colectivo. “El hombre es libertad y su destino se encuentra en la libertad. La libertad es al hombre lo que la soberanía es al pueblo”, dice Carpizo y añade:

El derecho constitucional se refiere al poder constituyente, al poder de origen, al poder que pertenece a la Nación, al poder que es del conjunto, al poder que adopta la concreta decisión de conjunto sobre modo y forma de la propia existencia política.

El poder originario se expresa al establecerse un conjunto de normas para la convivencia pacífica entre las personas, en libertad, con seguridad y con instancias formales para dirimir las controversias; al determinar e instrumentar mecanismos para elegir a gobernantes; y al manifestarse o apoyar propuestas de cambios institucionales o de gobierno.  El poder originario es el poder por antonomasia porque “decide el orden”.

El poder político, por su parte, es el poder del Estado: “la garantía para la convivencia ordenada, en paz y con seguridad”. Su eficacia radica en su capacidad para hacer valer la norma vía la coacción, es decir: el legítimo empleo de la fuerza física mediante los dispositivos jurídicos.  En teoría se trata de un poder que no actúa por capricho sino que se sujeta al respeto y aplicación del aparato legal. En tal sentido, “el poder político es sinónimo de derecho, de orden jurídico, del establecimiento de las reglas del juego en la sociedad”.

El poder paternal es el que protege y provee de recursos para la vida y la educación a fin de formar y fortalecer al hijo como ser humano hasta la mayoría de edad.

El poder económico es aquel que “detenta la propiedad de los medios de producción  y tiene la capacidad de alcanzar una ganancia acumulada que le permite influir en el proceso económico en general”. Este poder busca el lucro y se manifiesta en la concentración de la riqueza en pocas manos.

El poder asociativo se da en la suma de voluntades organizadas para defender intereses comunes. Su expresión más frecuentada son los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales.

Finalmente, el poder ideológico es aquel que  ejerce coacción psíquíca para que las personas actúen de forma determinada mediante la elaboración y difusión de conocimientos, informaciones, imágenes, símbolos, valores y normas culturales. El poder ideológico se canaliza a través de religiones, escuelas, medios de comunicación, así como por la obra de escritores, intelectuales y científicos.

Los medios de comunicación en particular contribuyen a “fijar las maneras de pensamiento de la sociedad, a establecer la agenda de los asuntos públicos, sociales y económicos que se discuten, a crear o a destruir la reputación de una organización, persona o grupo de personas”. (Carpizo, 1999a: 344)   Los medios, pues, ofrecen los elementos informativos para que las personas construyan sus puntos de vista que determina el curso social.

Son varios los aspectos que fortalecen a los medios de comunicación como un poder en sí: establecen la agenda pública del país a través de la selección y difusión informativa y definición temática; privilegian y/o silencian ciertos temas, personas o instituciones de acuerdo con su postura económica o política; tienden a concentrar otras tecnologías y medios o empresas diversas, lo cual incrementa su poderío; capitalizan la necesidad de los políticos para darse a conocer y posicionar su discurso para alcanzar o preservar el poder; las encuestas o espacios de opinión les permiten cuestionar y criticar las políticas del gobierno, de otros poderes y actores políticos diversos. (Carpizo, 1999a: 354)

Desde la mirada de Carpizo, hoy día casi todos los poderes de interconectan, aunque hay unos que predominan. El poder de los medios de comunicación actualmente se ha fortalecido y compite –e incluso se acompaña–  con el poder político. Las conexiones entre el poder de los medios y el poder económico o el poder político son también muy cercanas, tan es así que no pocos empresarios de bienes y servicios son socios de negocios mediáticos, y gente estrechamente vinculada a importantes empresas de comunicación ya es dueña de una curul en el Congreso.

Los medios de comunicación masiva son un poder porque poseen los instrumentos y los mecanismos que les dan la posibilidad de imponerse; porque condicionan o pueden condicionar la conducta de otros poderes, organizaciones o individuos con independencia de su voluntad y de su resistencia. (Carpizo, 1999a: 351)

En otras palabras: no podemos sino coincidir en que los medios aprovechan instrumentos que suelen usar quienes se inscriben en el poder ideológico pues tratan de inducir comportamientos o percepciones a través de la coacción psíquica  que se establece con el manejo y difusión de conocimientos, símbolos, imágenes e informaciones.

Esta concepción de los medios de comunicación como un poder ideológico que cada vez más tiende a vincularse con los poderes político y económico, permite a Carpizo reforzar sus cuestionamientos relativos a su necesaria autonomía para ejercer las libertades de expresión e información con equilibrio y responsabilidad social. Y es que resulta imposible la prevalencia de una auténtica democracia sin medios libres e independientes de otros poderes. Si bien se abren espacios para hacer contrapesos entre los poderes, lo cierto –asegura Carpizo– es que “para los medios lo que existe es un libertinaje, el abuso, la irresponsabilidad y el avasallamiento de los derechos humanos”.

La existencia de los medios es fundamental en una democracia y para ello se requieren “pesos y contrapesos para impedir la arbitrariedad, porque si no, como en el caso del gobierno, su resultado es también la opresión de los individuos”. (Carpizo, 1999a: 355)

En su importante obra titulada El Presidencialismo Mexicano, Jorge Carpizo sustenta las ligas entre el poder político y el poder ideológico al describir y documentar las facultades políticas, jurídicas y metalegales del titular del Poder Ejecutivo a lo largo de la historia nacional. En esa retrospectiva sostiene que una de las palancas de la fortaleza presidencial descansó en “la fuerte influencia en la opinión pública a través de los controles y facultades que tiene respecto a los medios de comunicación masiva” (Carpizo, 1978).  Tal forma de hacer política en México desde la cúspide a la postre canceló los liderazgos notorios porque nada ni nadie podía eclipsar la estrella presidencial. Y afloraron los rasgos cortesanos de la sociedad política hacía el Gran Tlatoani  a quien le debían fidelidad y respeto.

Desde esta obra JCM perfilaba las cercanas conexiones entre el aparato de gobierno  y el poder mediático, pues con la instauración formal del presidencialismo mexicano en 1917  –y más aún a partir del “presidencialismo institucionalizado”–, se redefinieron las relaciones de este poder con la prensa de tal suerte que a la postre pudo advertirse una franca simbosis por los mutuos favores recibidos o, en algunos casos que emergían voces disidentes o críticas al régimen, una permanente actitud de ataque o de custodia inhibitoria para preservar el control político.   En suma: el régimen presidencial procuró absorber, saciar, complacer  los intereses y necesidades de los medios de comunicación con el afán de inducirlos o someterlos a una obligada lealtad con el régimen que los ampara.

 

 

III. Poder de la ética en la comunicación masiva

 

En la lógica de que los medios son una forma de poder ideológico al aprovechar ciertos instrumentos y mecanismos para imponer su carga ideológica a las personas, a organizaciones y a otros poderes con el fin de condicionar su comportamiento, Carpizo (1999b) sin embargo subraya de manera persistente que dichos medios  tienen que subordinarse al Estado de Derecho sin afectar el ejercicio de las libertades públicas cuyos límites son la ley y la ética.  Porque hoy día, el entramado mediático busca avasallar al sistema democrático para conservar sus privilegios.  Y es precisamente a partir de tal aserto que plantea que no puede existir un poder ilimitado e irresponsable. Se exige de los medios una postura “ética y jurídicamente responsable”. (Carpizo, 1999b)

En el afán de responder a tales exigencias, el jurista mexicano plantea las siguientes consideraciones dignas de reflexión:

a) Se necesita una legislación que garantice las libertades de expresión e información, así como el derecho a la información. Un marco normativo que defina derechos, facultades, obligaciones y responsabilidades de los medios masivos, pues éstos no están exentos de privilegiar su particular tendencia ideológica y sus propios intereses económicos.

b) De manera paralela se precisa de claridad deontológica que oriente la responsabilidad en el quehacer informativo y editorial. Habida cuenta que los contenidos noticiosos parten del interés público y social, no pueden  subordinarse al arbitrio de la oferta y la demanda o  determinarse por intereses particulares o de ciertos grupos, sino encuadrarse como un bien social que aporte elementos éticos, educativos, formativos y culturales. En tal sentido el doctor Carpizo es enfático:

Para ser confiables, los medios deben necesariamente tener parámetros éticos reales y no cortinas de humo como son los documentos que contienen reglas éticas pero que no se cumplen; al contrario, pareciera que han sido escritas para que se conozca lo que no acontece en el devenir cotidiano del medio. Al final de cuentas es la hipocresía en su máximo refinamiento y sutileza. (Carpizo, 1999b: 749)

c) Sin medios de comunicación libres e independientes de los otros poderes, resulta muy difícil la existencia de un sistema democrático. La independencia de los medios es un termómetro para conocer la fortaleza de una democracia.  Y las libertades de los periodistas significan un parámetro de las libertades reales.  En tanto  haya medios responsables y comprometidos con la ética y el pleno respeto de los derechos humanos, tenderá a ganar vitalidad y fuerza una democracia.

d) Un elemento fundamental que ha pasado de largo al analizar el binomio medios-democracia, es “la democracia interna en los medios para asegurar la responsabilidad, objetividad y sentido ético de la información”. Dice Carpizo que resulta una contradicción el defender un sistema democrático y avalar la defensa de un sistema vertical  –e incluso autoritario–  en una asociación, organismo o empresa de interés público y social “cuya materia es de los aspectos más sensibles para la sociedad como es el caso de los medios de comunicación”.

En la realidad predomina la antidemocracia al interior de los medios en México y en el mundo. En ellos se vive un sistema jerárquico que, por su propia dinámica cotidiana, tiende a  inhibir e incluso contener la tarea libre, responsable y ética de los profesionales de las empresas periodísticas.

La antidemocracia interna de los medios auspicia la falta de creatividad y  del pleno desarrollo de atributos profesionales, la sumisión moral, la falta de pluralismo, la dependencia profesional y ética de las diversas personas que integran el cuerpo de los medios de comunicación respecto de los directivos de aquellos. (Carpizo, 1999b: 753)

Para JCM, con la antidemocracia interna que predomina  en los medios resulta afectada la sociedad en su derecho a la información veraz y objetivo  al inducir “prácticas realmente aberrantes”, entre las cuales destacan: i) dar “línea” de cómo debe presentarse la información y privilegiarse el tratamiento de ciertos temas y personajes, ii) suprimir, añadir o descontextualizar cierto tipo de informaciones, y iii) marcar pautas sobre el manejo informativo de determinadas entidades o personajes que han de “cuidarse” o “atacarse”.

Qué contradictorio resulta que quienes hacia el exterior gritan y exigen democracia y respeto a la libertad de expresión, hacia el interior de las empresas son quienes niegan tajantemente la existencia de esos derechos que nos les pertenecen, sino a la sociedad como una garantía de la calidad de información que recibe. (Carpizo, 1999b: 755)

e) Otro aspecto no menos importante y que suele soslayarse lo constituyen las condiciones laborales.  Dueños y directivos de los medios tienen la batuta debido a la “necesidad laboral” de periodistas, reporteros y colaboradores: se aprovechan de ello para otorgar ventajas, prestaciones o privilegios. El régimen laboral de los periodistas, por tanto, es un problema que posibilita la indefensión de los informadores frente a los empresarios mediáticos, lo que facilita una autocensura interesada. En opinión de nuestro autor:

(Los profesionales del periodismo) deben tener un sistema de derechos y obligaciones precisos que les otorgue la seguridad y la tranquilidad que les permita desarrollar su labor con independencia, ética y profesionalismo. En diversos medios, dicho régimen laboral pareciera de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

f) Partiendo de la experiencia en países democráticos, Carpizo propone la pertinencia de impulsar iniciativas legales o proyectos de corte ético-deontológico. Un primer ejemplo al respecto que incluso el estudió y promovió desde la academia, fue el tema de la cláusula de conciencia como instrumento jurídico para proteger la libertad e independencia del periodista frente a la empresa mediática. Igualmente rescató y planteó la posibilidad de crear comités de empresa y/o comités editoriales o de redacción –inscritos en el ámbito autorregulatorio–  a través de los cuales pudieran participar sus miembros para incidir en la toma de decisiones importantes de la empresa informativa.

 

 

IV. Propuestas, aportaciones y consideraciones de corte ético y legal

 

Expuesto el anterior panorama, podemos distinguir tres vertientes de reflexión y estudio a las cuales el doctor Jorge Carpizo enfocó su mirada crítica y propositiva en lo que concierne al quehacer de los medios de comunicación: a) Códigos deontológicos, b) Cláusula de conciencia, c) Libertad de expresión, derecho al honor, vida privada y función pública.

A)     Códigos de ética en los medios de comunicación

Nadie resulta beneficiado si se desacredita el ejercicio periodístico y, en  contraste, a la sociedad toda le sirve que los medios informativos gocen de credibilidad y prestigio si generan confianza en sus contenidos. Pero para ello se precisa de medios con “sentido de responsabilidad social y ética, con pleno respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos”.

A partir de este contexto, Carpizo en primera instancia establece la regulación jurídica como una vía “para que los medios de comunicación masiva contribuyan a fortalecer el Estado de Derecho, la democracia, la libertad, el respeto a los derechos humanos, los principios éticos y la cultura”.  Y en segundo término, aunque reconoce sus limitaciones, resalta la necesidad de que se avance en materia de autorregulación mediática a través de los códigos deontológicos como ya lo han hecho otros países con sistemas democráticos.  Sus planteamientos en este sentido generaron que se movieran las aguas estancadas sobre el tema de la ética periodística en México durante el primer lustro de los años noventa, que bien vale la pena recordar:

 

a) Con la creación la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en junio de 1990, empezó a germinar la idea de establecer la figura del  Ombudsman para la prensa en México.  El entonces director de Unomasuno, Luis Gutiérrez, la refirió  como propuesta en agosto de 1992.  En diciembre del mismo año, siendo presidente de la naciente CNDH, Jorge Carpizo sugirió la creación de varios defensores de la audiencia a fin de fortalecer el derecho a saber. En los primeros meses de 1993, tal planteamiento fue sugerido y respaldado por la Secretaria de Gobernación, en voz de su director de Comunicación Social, Jorge Medina Viedas. Pero sería  hasta el 8 de junio de 1993 cuando El Economista  formalmente constituye la primera defensoría de la audiencia al asignar esta responsabilidad al periodista Alejandro Avilés.  Posteriormente publicarían su respectivo código  El Nacional   –ya desaparecido–  en agosto de 1994. Poco después harían lo propio Novedades  –también hoy fuera de la circulación–, El Financiero, El Universal, Reforma,  entre otros.

b) El año de 1994 fue un periodo particularmente complejo y efervescente por el levantamiento zapatista en Chiapas, los asesinatos políticos y el proceso electoral. A lo largo de dicho periodo, la mayor insistencia de que los medios informativos deberían ser más responsables y discutir la necesidad de asumir códigos de ética, corrió a cargo de distintos actores y no precisamente de periodistas o empresarios de los medios. Pero valdría la pena contextualizar el asunto.  Enmedio de un entorno político que oscilaba entre la zozobra, la inquietud y los afanes democráticos, algunos medios buscaron asumir una postura menos complaciente, pero no pocos tampoco atinaban a encaminar nuevas pautas en la relación con el gobierno y en su actuar profesional de cara a la sociedad.  Es decir: se abría una nueva etapa que avizoraba una descarnada competencia por el público y los anunciantes, aunque en una circunstancia en que el gobierno federal y las gubernaturas de las diversas entidades del país no dejaban aún de incidir en los contenidos por la afluencia publicitaria. Junto a las cada vez más frecuentes iniciativas por hacer periodismo de investigación por parte de algunos medios impresos, en lo general no se desterraba aún una lógica de subordinación y seguía siendo limitado el número de lectores en México.  Ello no obstó para que la severidad crítica de la prensa se desplegara como pocas veces se había visto en las siete décadas previas. La figura presidencial fue objeto de rudos señalamientos, sin ambages, no sólo por parte de políticos de oposición sino también de columnistas, caricaturistas y articulistas.  En el afán de ganar credibilidad manteniéndose distantes de la versión oficial, tan cuestionada, varios medios incurrieron en la difusión de especulaciones, información insustentada, filtraciones hipótesis y confusiones primero en torno al levantamiento zapatista en Chiapas y luego sobre las supuestas razones y motivaciones del magnicidio político de Luis Donaldo Colosio.  El espectro de incertidumbre se amplificó con el posterior asesinato del Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI.  Tales hechos, pues, enrarecieron los ánimos de la prensa y se despertaron temores, inquietudes, incertidumbres que se manifestaron en las prácticas y contenidos periodísticos.  La confusión nacional alcanzó a los medios informativos y ellos mismos se vieron atrapados al tratar de dar significado a sucesos inéditos, al verter especulaciones, al animar tramas conspiratorias… “En suma  –sostiene Riva Palacio–, la prensa incumplió con sus obligaciones y en su afán de informar terminó desinformando” (Riva Palacio, 2004: 91).

En este convulso contexto es que Jorge Carpizo, entonces secretario de Gobernación  refrenda su propuesta de que se reflexione y discuta en torno a la responsabilidad de los medios masivos de comunicación:

Los invito a que construyan un código ético, con muchas de las reglas que ustedes mismos se han dado para el trabajo informativo, y a que definan si su valioso trabajo se puede fortalecer, siempre y cuando sea instrumentado por ustedes, de un ombudsman para la comunicación. (Cardoso, 1994; Trejo Delarbre, 1997 ).

Ante el reiterado planteamiento de que los medios de comunicación se autorregularan, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (Cirt), que agrupa a casi todos los medios electrónicos privados del país,  reaccionó desdeñosa al señalar su entonces líder, Javier Pérez de Anda, que ellos ya seguían normas éticas adoptadas desde tres décadas atrás y que sólo era menester actualizarlas. (Trejo, 1997: 346)   Para no quedar evidenciados, la Cirt hizo al vapor un decálogo titulado “Normas de Ética de las Estaciones de Radio y Televisión”, el cual dio a conocer a mediados de 1995.  Y en julio de 1998, los empresarios mediáticos, tras celebrar un simposio para contraponerse a la idea de legislar en materia de derecho de la información, presentaron su respectivo código ético. En realidad, tal propuesta deontológica fue hecha con el ánimo de sugerir que la autorregulación ética puede excluir cualquier reforma legislativa en materia de medios, pues ésta les podría resultar contraproducente a sus intereses políticos y económicos (Martínez O.R: 1998).

Si bien no desestima la eventual utilidad de los  documentos deontológicos, JCM tampoco los observa con indulgencia y da sus razones:

Con frecuencia, los medios que menos respeto tienen por los principios éticos de la profesión periodística se otorgan un código de ética pero como una cortina de humo para tratar de engañar a sus lectores o auditorios. Parece que razonan de la siguiente forma: ¿Qué se pierde con la expedición de dos o tres hojas que contengan postulados universalmente aceptados? Nada. Al contrario, quizás se pueda embaucar a suficientes lectores. (Carpizo, 1999b: 764)

 

B)     La cláusula de conciencia

Si en México, según Jorge Carpizo (2004b), el rezago en materia de derecho de la información es de casi medio siglo, el retraso en materia de vertientes como el derecho a la cláusula de conciencia, inscrita en la misma órbita, resulta mucho mayor. En tal contexto es obvia su omisión en los numerosos preceptos legales mexicanos. Quizás apenas tenga un nimio asomo en los códigos de ética periodística cuya presencia en nuestro país es todavía incipiente.

La cláusula de conciencia es concebida como el derecho para defender la dignidad profesional del periodista, o como una vía para proteger el derecho a saber de la sociedad, o como un mecanismo para armonizar la legítima búsqueda de rentabilidad económica del medio con los derechos de los informadores. De acuerdo con Marc Carrillo (2006), la cláusula de conciencia busca salvaguardar la libertad ideológica, el derecho de opinión y la ética profesional del periodista, y precisa:

Se trata de una nueva forma de concebir la libertad de expresión y, al mismo tiempo, es un elemento constitutivo del derecho a la información, en la medida en que se configura una garantía para su ejercicio efectivo.

La propuesta de la cláusula de conciencia data de hace más de un siglo: hay referencias de ella en Italia en 1901, en Austria desde 1910, en Hungría hacia 1914, y en Alemania en 1926; aunque la resolución legal francesa inscrita en 1935 dentro del Estatuto Profesional del Periodista representa el primer y más importante reconocimiento oficial. Actualmente dicha garantía jurídica es vigente también en España (1978 y 1997), Paraguay (1992), Chile, entre otros.

Los estudiosos del tema coinciden en que la cláusula de conciencia es la facultad del periodista para rescindir su contrato laboral de forma unilateral, quien recibirá una indemnización de la empresa informativa cual si fuese despido improcedente, siempre y cuando ésta haya cambiado notoriamente de orientación ideológica o línea editorial, por lo cual el periodista se sienta agraviado en su reputación o afectado en su dignidad profesional. Otras razones para exigir el fin de la relación jurídica podrÍa ser el relevo injustificado de su fuente o área informativa, lo que pudiera vulnerar su imagen dentro del círculo donde desempeña sus funciones; o la reiterada aplicación de cambios, sin su venia, a los textos periodísticos bajo su firma, al grado de alterar el sentido original de la información. Desde luego, se plantea que la invocación de la cláusula de conciencia no puede ser motivo de represalias o sanciones de ningún tipo.

Por los propios fines que la distinguen, entonces, la cláusula de conciencia es recogida en documentos estrictamente jurídicos y en documentos de corte deontológico o de operación interna. Destacan entre ellos: i) Ley constitucional, ii) Leyes reglamentarias o derivaciones de resoluciones jurisprudenciales, iii) Contratos de trabajo, iv) Estatutos internos de redacción, y v) Códigos deontológicos.

En México, sin embargo, la Cláusula de  conciencia de los comunicadores es desconocida no sólo por la mayor parte de los medios de comunicación en sus normas internas, sino también en ámbito de las contrataciones colectiva de trabajo.

Desde el entorno académico Jorge Carpizo fue quizás uno de los poquísimos investigadores mexicanos que de manera sistemática analizó, documentó  y planteó su pertinencia por considerarla  “uno de los pilares y columnas del sistema democrático” y “un derecho de la sociedad a recibir información veraz y oportuna”.  Y para entrar en el análisis, esboza su propia definición:

La cláusula de conciencia es la facultad que tiene el comunicador de rescindir su relación jurídica con la empresa informativa y recibir una indemnización equivalente a cuando menos a la de despido por voluntad de aquélla, en los casos en que la empresa afecte la reputación, la dignidad moral o el honor del comunicador (Carpizo, 2004b).

Sobre esta figura jurídica en pro de las libertades informativas, el derecho a la información y la dignidad del periodista, JCM  establece las siguientes reflexiones:

a) La cláusula de conciencia es una protección para el comunicador si la empresa afecta su reputación, dignidad moral u honor.

Según el caso, aquél podrá rescindir unilateralmente la relación jurídica con la empresa y recibir una indemnización honorable o permanecer en aquélla si por razones objetivas se niega a participar en informaciones contrarias a los principios éticos y es respaldado por el comité profesional de la propia empresa.

b) En dos aspectos radica la relevancia de la cláusula de conciencia: por  encauzar una forma de blindaje a la independencia y la dignidad del periodista, y por significar un elemento esencial del derecho a recibir y comunicar información de manera responsable, “lo cual constituye una de las bases fundamentales del propio régimen democrático”.

c) La cláusula de conciencia busca armonizar la tarea del informador “como un agente social de la comunicación, investido de una misión pública, con el hecho de que simultáneamente es trabajador en una empresa informativa, que tiene una orientación política y una posición en el mercado”.

d) Aunque el ámbito de la cláusula de conciencia rebasa por mucho la hipótesis francesa de un cambio notable en la orientación ideológica de la empresa informativa, lo cierto es que tal consideración representa hoy día una tendencia en el derecho comparado.

e) En algunos países como Austria, las causales para aplicar dicha cláusula se extienden a convenios laborales o a documentos autorregulatorios tales como códigos éticos y estatutos de redacción. Estos últimos tienen como objetivos centrales  definir y plantear principios editoriales, derechos y deberes profesionales (por ejemplo, asuntos como secreto profesional, derechos de autor, cláusula de conciencia…), competencia y funciones de los cargos directivos, así como criterios de edición y dinámicas de operación interna. No se incluyen vertientes laborales o de corte sindical; más bien prevalece un tinte exclusivamente profesional a fin de evitar presiones ajenas a la dinámica interna del medio informativo. (Blázquez, 2002; López Mañero, 2000)

f) Sin desconocer el escepticismo de algunos tratadistas como Soria, Urubayen, Quadra Salcedo y Azurmendi en torno a la viabilidad de la cláusula de conciencia, Carpizo (2004b) asegura convencido:

Cierto es que la cláusula de conciencia no es una panacea, aún es una institución en evolución, pero constituye, y puede constituir en el futuro, una mejor protección a la independencia y dignidad del comunicador y contribuye a que la sociedad reciba información veraz y oportuna. Reitero: la cláusula es un derecho de la sociedad, y esta perspectiva no puede olvidarse. Cuando la sociedad cuida al comunicador, lo que en verdad acontece es que se está cuidando a sí misma.

g) Por lo anterior, considera que tal iniciativa jurídica debería ser fortalecida  con la aportación de nuevas ideas desde la brecha profesional, así como de propuestas reglamentarias e interpretaciones judiciales. Específicamente, él contempla asignaturas como las siguientes:

(…) extender las causales de su procedencia; que las leyes respectivas contengan un precepto, redactado en forma amplia, el cual no limite las causales, sino que permita que la cláusula pueda ejercerse cuando se vulneren la libertad, la dignidad y los principios morales del comunicador; reforzar a los consejos de redacción o su creación cuando no existen; una de sus funciones importantes es el dictamen interno dentro de la empresa de si procede o no la aplicación de la cláusula. De esta manera no se expone al comunicador a perder su empleo ni a un proceso judicial que probablemente no le fuera favorable; que en caso de la indemnización, ésta sea cara para la empresa, como podría ser dos, tres o cuatro veces el equivalente a la indemnización por despido atribuido al patrón;   el establecimiento de estatutos de redacción que fortalezcan la representación de los comunicadores dentro de la empresa, ya que los propietarios y directores no son dueños absolutos de la información, ni la pueden desvirtuar por intereses propios, políticos o económicos (…) (Carpizo, 2004b)

h) Si bien es  reciente la tendencia a incluir la cláusula de conciencia en las Constituciones, en nuestro país ello no sería necesario habida cuenta que su base  está clara en el  artículo 6o. de la ley fundamental con la adición de 1977: “el derecho a la información será garantizado por el Estado’’.

i) Sin descontar la necesidad de  una ley específica sobre la cláusula de conciencia  –tal y como acontece en España–, o que se inserte en una Ley de Comunicación Social, la cláusula habrá de ser completada por otra institución inexistente en nuestro país: los estatutos de redacción en las empresas mediáticas.

j) En el terreno autorregulatorio, resulta sumamente complejo aplicar la cláusula de conciencia  ya que muy pocos medios de comunicación han determinado de manera pública y mediante un documento su postura ideológica como empresa informativa. “En muchos países aún no existen los estatutos de redacción o algo equivalente.  En diversas naciones encontramos empresas informativas que prefieren no definirse ideológicamente, sino conservar una ambigüedad al respecto”. El problema son, por tanto, los posibles mecanismos para su aplicación.

Finalmente, tras dejar constancia del rezago notorio de la cláusula de conciencia en México, el doctor Carpizo apunta:

Lo grave de esta situación es que afecta el buen desarrollo de nuestro sistema democrático y su efectividad plena, porque en cualquier país donde el derecho a la información no se encuentre garantizado en forma completa y, simultáneamente, protegidos los derechos de los lectores, escuchas y espectadores con otros derechos humanos, así como los de las empresas informativas y los de los profesionales de la información, y precisadas sus obligaciones, ese régimen democrático no puede funcionar bien. (Carpizo, 2004b)

 

C)     Libertad de expresión, derecho al honor, vida privada y función pública

Las diversas aristas vinculadas a la libertad de expresión significaron un tema recurrente para Jorge Carpizo Mc Gregor. Con el fin de ofrecer un mínimo acercamiento que ilustre su postura académica-profesional en esos tópicos basten dos ejemplos.

a) En mayo de 2002 Carpizo (2004a) recibió anónimamente unos videos en los que se observaban unos exámenes presentados por la María de la Luz Malvido como aspirante a funcionaria de la PGR, y donde ésta declaraba hechos y actos en los cuales ella había intervenido y pudieran constituir probables delitos, como privación ilegal de la libertad, secuestros, tortura y extorsión. El académico dio a conocer públicamente tales materiales  argumentando –con sólidas bases doctrinales y jurisprudenciales en derecho comparado–  su proceder de la siguiente manera:

i) La sociedad mexicana tiene el derecho de conocer informaciones en torno a los perfiles de servidores públicos para saber si reúnen o no los requisitos legales exigidos para su función.

ii) De ningún modo es válido alegar respeto a la vida privada o derecho al honor para impedir la difusión e investigación sobre el servidor público, si éste  –como persona demandante– ha cometido un probable delito manifiesto en dicho material periodístico.

iii) Resulta inadmisible la transgresión a las garantías fundamentales de cualquier ciudadano por intereses particulares o de grupo, y más aún por parte de quienes laboran en algún cargo de procuración de justicia o asociado a ella; “ningún servidor público se encuentra por encima de los postulados constitucionales y debe respetar los derechos fundamentales”.

iv) El funcionario público, como cualquier persona, tiene el derecho a que sea respetada su vida privada salvo en el caso de que exista un probable delito o que su conducta incida en su función pública. (Carpizo, 2004a)

En otras palabras: la libertad de expresión debe hacerse valer para cuidar el respeto de los derechos humanos y las libertades públicas sin condescender en absoluto a las tentativas del poder para obstaculizar la difusión de información de interés publico, veraz y debidamente investigada.

b) En marzo de 2012, Jorge Carpizo demandó por daño moral a la periodista Anabel Hernández García y a la editorial Random House Mondadori por considerar infundados los señalamientos a su persona en el libro Los señores del narco, donde se hace referencia a su gestión como titular de la Procuraduría General de la República entre 1993 y 1994. Refuta y cuestiona que en la obra él sea referido como un funcionario que actuó de manera negligente en asuntos relacionados con el narcotráfico; que se “insinúe”,  sin sustento documental alguno y de manera “insidiosa”, que durante su ejercicio hayan desaparecido dos expedientes relacionados con el asesinato de 10 personas, ocurrido en septiembre de 1992 en Iguala, Guerrero, en los que estarían involucrados los hermanos Vázquez Raña, quienes –según el libro referido– prestaban el hangar que tenían en el Aeropuerto de la Ciudad de México para resguardar aeronaves de los narcotraficantes Amado Carrillo Fuentes, Héctor Palma Salazar y Joaquín Guzmán Loera, El Chapo; y que se afirme, sin aportar ninguna prueba,  que nadie sabe qué pasó con la recompensa prometida a los gobiernos de Guatemala y El Salvador por su apoyo para la captura de El Chapo Guzmán, haciendo creer al público que él se quedó con parte del dinero ofrecido como recompensa. Por ello en dicha demanda  rechaza tales imputaciones, asevera que no tuvo conocimiento de esos hechos y niega de manera categórica que en esos casos o en algún otro haya ordenado la desaparición de un expediente.

El doctor Jorge Carpizo ya no tuvo oportunidad de conocer el destino de este reclamo ante los tribunales, pero sí se permitió refrendar sus afanes:

Para su servidor esta demanda (…) significa la continuación de mi lucha por los derechos humanos, por la libertad de expresión y por el derecho a la información, temas a los que he dedicado varios estudios (…) Para mí esta demanda implica la verdadera defensa de la libertad de expresión, del derecho a la información y de la ética en los medios de comunicación.

Tras resaltar su convicción de que entre los derechos humanos no puede haber contradicciones ni enfrentamientos, sino que es preciso  armonizarlos, pone sobre la mesa de reflexión un tema pocas veces tocado, diseccionado y discutido frontalmente entre los periodistas mexicanos: el ejercicio responsable  de la libertad de expresión:

El ejercicio responsable de la libertad de expresión tiene una de sus manifestaciones en el periodismo de investigación. México necesita de este tipo de periodismo, el cual sólo puede basarse en la verdad, a la que se llega con una verdadera investigación, y no que “se insinúa”, o “se dice”, más cuando existen múltiples elementos probatorios públicos y accesibles a cualquier personas, más a un supuesto investigador. Es válido objetar y señalar por qué no se está de acuerdo con dichas pruebas públicas, pero no ignorarlas, afirmando situaciones que no son acordes a la realidad, basada en pruebas y más pruebas.

(…) La mentira es una de las grandes enemigas del periodismo de investigación y del derecho a la información. La mentira es una de las lacras que más ha dañado la moral pública en México. En el ensayo “La moral pública en México”   sostengo que la quinteta de la muerte en y para México son: poder, dinero, corrupción, impunidad y mentiras. (…)

Un comunicador no puede alegar libertad de expresión como justificación para calumniar, mentir o para cometer un ilícito: eso es un abuso a este derecho que, como todos los demás, no es absoluto. Existen algunos comunicadores que en la realidad mexicana conciben su profesión como un fuero, que la ley no les alcanza, porque si se les quiere aplicar, se refugian en el argumento falaz de que se trata de desprestigiar al gremio, coartar la libertad de expresión o perseguirlos por ejercer dicha libertad.

El ejercicio responsable de la libertad de expresión y de la dignidad que, en apego a la verdad, blinda a aquellos periodistas que hacen de ese ejercicio su forma de vida y cumplen a cabalidad la función de informar. (…)

Mi pretensión es que se aclare en sus términos las calumnias e imprecisiones que de mi persona refieren los ahora demandados; que la principal sanción sea la exhibición de su temeridad al afirmar lo que no se obligan a probar.

 

De acuerdo con lo expuesto en la demanda, el doctor emérito  ante todo perseguía sentar un precedente orientado a “defender el ejercicio responsable de la libertad de expresión y fomentar el periodismo de investigación serio, que realmente informe con verdad”.

El interponer una demanda de esta envergadura indiscutiblemente implicaba tocar una zona harto pantanosa y sensible habida cuenta las costumbres y artilugios del poder gubernamental por buscar cualquier resquicio o motivo para inhibir las libertades informativas; sin embargo, el que tal recurso frente a los tribunales fuera contra una reconocida y acuciosa periodista como Anabel Hernández, y el hecho de que lo hiciera un respetado académico, con pública experiencia política, promotor y defensor de las libertades de expresión e información en los términos y propósitos aquí referidos, establecía formas distintas de plantear y afrontar la reflexión, el escrutinio y el debate en materia de responsabilidad social de los medios informativos. Un abordaje todavía pendiente en México desde el terreno profesional.

En otras palabras: una de las tantas asignaturas pendientes que deja el doctor Carpizo con su última batalla y partida es la necesidad de reflexionar y debatir  –no sólo en la academia sino también desde el ámbito social y profesional–  en torno al binomio Libertad de expresión-Ética informativa sobre el cual plasmó líneas muy significativas 14 años antes y cuyo espíritu aspira a estimular un mejor periodismo:

La libertad de expresión es un derecho humano de siempre y para siempre, ha jugado un aspecto crucial en el desarrollo del ser humano y de las sociedades y mucho más a partir de las últimas cinco décadas, y cada día más, debido a las nuevas técnicas de comunicación masiva.

La libertad de expresión es siempre manifestar la verdad.

La libertad de expresión es honestidad.

La libertad de expresión es información objetiva.

La libertad de expresión es la divulgación de criterios y opiniones propios.

La libertad de expresión es el derecho de crítica.

La libertad de expresión es respeto a los otros derechos humanos.

La libertad de expresión es actuar con responsabilidad personal y con sentido ético de la existencia.

La libertad de expresión es responsabilidad social.

La libertad de expresión es contribuir a formar opinión sobre temas internacionales y nacionales.

La libertad de expresión es contribuir a edificar la paz en las sociedades y en el mundo.

Por lo anterior, la defensa de la libertad de expresión es un deber de todo ser humano, porque los derechos y las libertades se defienden. Libertad de expresión: ¡sí, mil veces sí! Un millón de veces sí. Pero libertad de expresión con responsabilidad, ética y respeto a los otros derechos humanos.

En consecuencia:

La libertad de expresión no es derecho a mentir.

La libertad de expresión no es sinónimo de difamación y calumnia.

La libertad de expresión no es derecho a desdibujar, alterar o maquillar la realidad.

La libertad de expresión no es derecho a confundir a la audiencia.

La libertad de expresión no es el avasallamiento de los otros derechos humanos. La libertad de expresión no es substitución de los tribunales.

La libertad de expresión no es el derecho a crear inquisiciones.  (Carpizo, 1998)

 

 

 

Fuentes y referencias

AZURMENDI Ana (2003). “Acerca del procedente europeo de la cláusula de conciencia”. en Derecho comparado de la Información, Núm, 1, enero -junio.

CARRILLO Marc (2006). Cláusula de conciencia y el secreto profesional de los comunicadores, México, Universidad Nacional Autónoma de México / Instituto de Investigaciones Jurídicas.

CARDOSO, Victor (1993). “Propone Jorge Carpizo crear un ombudsman para la comunicación”. En La Jornada, México: 4 de octubre de 1994.

CARPIZO Jorge (1978). El Presidencialismo Mexicano. México DF: Siglo XXI.

CARPIZO Jorge (1998).  “Libertad de expresión, elecciones y concesiones”. Nexos, octubre. México.

CARPIZO Jorge (1999a).“El poder: su naturaleza, su tipología y los medios de comunicación masiva”. Boletín mexicano de derecho comparado, nueva serie, año XXXII, num 95, mayo-agosto 1999. pp. 321- 356.

CARPIZO Jorge (1999b). “Los medios de comunicación masiva y el estado de derecho, la democracia, la política y la ética”. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Nueva serie, Año XXXII, núm. 96, Sept-Dic- 1999.

CARPIZO Jorge (2000). “Ley española sobre la cláusula de conciencia de los comunicadores“, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Núm. 97, enero-abril, 2000, pp 351-357.

CARPIZO Jorge y Gómez Robledo Alonso (2000b). “Los tratados internacionales, el derecho a la información y el respeto a la vida privada”. En Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Nueva Serie Año XXXIII Núm. 97, Enero-abril 2000. México. pp. 9-63.

CARPIZO Jorge (2003). “Temas constitucionales”, Editorial Porrúa Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2003.

CARPIZO Jorge (2004a). “Vida privada y función pública”. Derecho comparado de la información  Num. 3, enero-junio 2004 pp. 61-71.

CARPIZO Jorge 2004b). “Algunas reflexiones sobre la cláusula de conciencia”, en Algunas reflexiones constitucionales, México, Universidad Autónoma de México / Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004.

CARPIZO Jorge (2004c). “Constitución  e información”. En Constitucionalismo iberoamericano del siglo XXI.  UNAM / Camara de Diputados, 2004.

CARPIZO Jorge, Villanueva Ernesto, Gómez Perla (2009). Moral pública y libertad de expresión. Editorial Jus, México, 2009, 192 pp.

GÓMEZ Gallardo Perla (2012). “Sobre el ejercicio responsable de la libertad de expresión”. Revista Mexicana de Comunicación Núm. 130, abril-junio. pp. 42-43.

MARTÍNEZ, Omar Raúl (1998). “Informar: ¿Derecho público o derecho privado”. En revista Análisis XXI, diciembre de 1998. pp. 22- 23.

MARTÍNEZ, Omar Raúl (1999).  “Ética, periodismo, democracia, medios…”. En Revista Mexicana de Comunicación  Núm. 59. pp 4-5.

MARTÍNEZ Omar Raúl (2009). Códigos de ética periodística en México. México DF: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla / Fundalex / Fundación Manuel Buendía.

RIVA PALACIO, Raymundo (2004). La prensa de los jardines. Fortalezas y debilidades de los medios en México. México DF: Random House Mondadori.

VILLANUEVA Ernesto (Coord.) (2010). Diccionario de Derecho de la Información. México DF: Instituto de Investigaciones Jurídicas / Editorial Jus.

TREJO Delarbre Raúl (1995). “Periodismo: la ética elástica”. Nexos, julio. pp. 65-73.

S/A. ”Carpizo demanda por daño moral  a la periodista Anabel Hernández”, 3 de  marzo / La Jornada. P.5.

 

 

  • Facebook
  • Twitter

Enlaces