Hacia un ombudsman de los informadores

Por Omar Raúl Martínez

La Casa de los Derechos de Periodistas congregará las aspiraciones y afanes –que por años han quedado rezagados– por defender y hacer valer tanto los derechos a la libertad de expresión y a la información, como los derechos sociales, económicos y laborales de los trabajadores de los medios. Se trata de una búsqueda de confluencia, colaboración y diálogo para afianzar el reconocimiento, el respeto y la dignificación del trabajo periodístico.
Los periodistas mexicanos viven hoy en la indefensión para ejercer su trabajo profesional. A la acostumbrada desprotección laboral y los eventuales condicionamientos o advertencias o demandas judiciales por parte de ciertos segmentos del poder político o económico, hoy se suman las amenazas, los acosos y crímenes del narcotráfico.
La autocensura tiende a permear ante el pasmo o la ineficacia de la autoridad, y frente al desconcierto e inquietud de medios y periodistas.
Tras una larga cadena de esfuerzos infructuosos tanto del gremio periodístico como de la sociedad civil, hoy un grupo de profesionales de la comunicación y de organismos no gubernamentales ponen todo su empeño en abrir puertas y tender puentes para hacer frente a las acechanzas e inhibiciones que sufren los periodistas mexicanos.
Las asignaturas pendientes para el desarrollo del periodismo, sin embargo, no se sujetan sólo a la coyuntura de violencia, pues abarca desde el derecho a la integridad y seguridad personal de los informadores, hasta vertientes como el respaldo jurídico ante demandas judiciales, la protección de sus derechos laborales, la cláusula de conciencia, y la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas y el marco jurídico.
En tal contexto, en abono de esa agenda pendiente, vale destacar la Mesa Multisectorial sobre el Derecho a la Libertad de Expresión, instalada el pasado 28 de julio por la Subsecretaría de Gobierno del DF en coordinación con la Asamblea Legislativa, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del DF y el Tribunal Superior de Justicia capitalino.
Este programa constituye un ambicioso y laudable plan de trabajo que reúne 64 compromisos en favor del derecho a la información y de los derechos de periodistas y trabajadores de los medios. Si bien se reconoce este esfuerzo, la prudencia y la experiencia nos sugieren no echar las campanas al vuelo.
Ciertamente, gracias a los distintos actores participantes –incluyendo a los representantes del gobierno local y la propia sociedad–, tenemos un plausible diagnóstico que nos permite trazar las rutas posibles. Pero todo el trabajo está todavía por construirse: desde la definición de las autoridades en la asunción de acciones concretas, pasando por el diálogo y construcción de consensos, hasta la franca implementación de políticas públicas. Lo importante será ir más allá del diagnóstico: traducir en realidades las tareas y compromisos inscritos en dicho programa multisectorial.

Convergencia civil
En esta dimensión, un grupo de ciudadanos que han participado en distintas organizaciones por la defensa y promoción de las libertades informativas, hemos decidido constituir la Casa de los Derechos de Periodistas. La convergencia nace de la preocupación por el prolongado ciclo de agravios y ataques violentos contra informadores y empresas de medios, que ha menguado no sólo a las libertades de expresión sino también el derecho a informarse de los mexicanos.
El grupo civil coincide, igualmente, en reconocer la debilidad del Estado mexicano para proporcionar las garantías necesarias y frenar este aciago fenómeno de intimidación hacia la prensa. El objetivo principal será coadyuvar a la unidad de todos los esfuerzos que se hacen para salvaguardar esos derechos fundamentales y, especialmente, para proteger la integridad de los periodistas más vulnerables.
En la búsqueda de alternativas, los impulsores concluyeron en la necesidad de conformar un nuevo instrumento, un organismo techo, una casa común, que desde la sociedad civil propicie la conjunción de sinergias, potencie los esfuerzos que sinceramente se hacen desde distintas instancias, tanto gubernamentales como civiles, al igual que de entidades nacionales e internacionales.
Por ello, el pasado 12 de agosto se fundó la Casa de los Derechos de Periodistas, por la vocación unitaria y la decisión autónoma de 15 profesionales de vasta experiencia en la defensa de la libertad de expresión desde diez organizaciones civiles y del ámbito periodístico.
Los fundadores son: Miguel Badillo, expresidentes de la Fraternidad de Reporteros de México y actual director de la revista Contralínea; la reportera Elia Baltazar, dirigente de Periodistas de a Pie y del Centro de Periodismo y Ética Pública; Judith Calderón, periodista y secretaría general del Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada; la abogada y socióloga Eréndira Cruzvillegas, otrora directora del Centro Nacional de Comunicación Social y relatora de la libertad de expresión en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Balbina Flores, corresponsal en México de Reporteros sin Fronteras y reportera de la revista Zócalo; Manuel Fuentes, uno de los abogados más experimentados en derechos de los periodistas y presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos; la doctora Perla Gómez, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana y reconocida abogada especializada en libertad de expresión; Lucía Lagunes, directora ejecutiva del Centro de Información de la Mujer; la licenciada Amor Lajud, quien fuera directora ejecutiva del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo; Omar Raúl Martínez, presidente de la Fundación Manuel Buendía y director de la Revista Mexicana de Comunicación; el periodista Rogaciano Méndez, secretario del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa; el abogado David Peña, experimentado en la defensa de los derechos humanos y periodistas en riesgo; Amalia Rivera, periodista y secretaria de Relaciones del Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada; y la comunicóloga Gabriela Warkentin, coordinadora del Departamento de Comunicación en la Universidad Iberoamericana y presidenta de la asociación Prensa y Democracia.
Por la coincidencia en el diagnóstico y los objetivos, desde antes de su nacimiento legal, la Casa recibió la comprensión, el respaldo y el aliento del Gobierno del Distrito Federal para que se perfilara como asociación civil con autonomía completa. Aunque el proyecto nace con presupuesto inicial aprobado por la Asamblea Legislativa del DF y el gobierno capitalino, abrirá sus puertas a periodistas de toda la República.
La Casa congregará las aspiraciones y afanes –que por años han quedado rezagados– por defender y hacer valer tanto los derechos a la libertad de expresión y a la información, como los derechos sociales, económicos y laborales de los trabajadores de los medios. Se trata de una búsqueda de confluencia, colaboración y diálogo para afianzar el reconocimiento, el respeto y la dignificación del trabajo periodístico.
Así, bajo la dirección ejecutiva del reconocido y avezado reportero Rogelio Hernández, desde tal espacio se desarrollarán programas para la defensa jurídica, la seguridad profesional y la integridad física de los y las periodistas, así como medidas para ofrecer refugio y protección a comunicadores que lo requieran. Asimismo se promoverá la capacitación y el desarrollo profesional, así como la realización de estudios y proyectos legislativos sobre derechos humanos, las libertades de expresión e información, de acceso a la información y de prensa.
En esa perspectiva, se refrendará la convocatoria a empresarios de los medios, a los periodistas de a pie, a más grupos de la sociedad civil, a universidades e investigadores, a organismos públicos autónomos de todo el país –especialmente a los vinculados a derechos humanos–, a los gobiernos en sus distintos niveles, y a los instancias internacionales de libertad de expresión.
En este sentido, las relatorías de libertad de expresión de la ONU y la OEA representan magníficos puentes para encaminar acciones, mecanismos e iniciativas para incentivar la confluencia de los diversos actores en un proyecto como éste.
Con la Casa de los Derechos de Periodistas aspiramos a configurar el Ombudsman Colectivo de los Periodistas Mexicanos. Los primeros pasos rumbo a la Casa de los Derechos de Periodistas ya se han dado. Estamos ciertos de que significará una trinchera para proteger al gremio de la comunicación y defender y promover el buen periodismo .
(Libreta de Apuntes RMC # 123).

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