DEL LIBRO CORNEJO INÉS Y GUERRERO MANUEL, INVESTIGAR LA COMUNICACIÓN EN EL MÉXICO DE HOY, UIA, MÉXICO DF, 2010.

Omar Raúl Martínez * / Perla Gómez Gallardo**1

I. Introducción, II. Antecedentes, III. Acercamientos iniciales, IV. Primer análisis sexenal, V. Seguimiento de casos y propuesta metodológica, VI. Revisión y sistematización de la metodología, VII. Conclusiones

Introducción

La historia de los medios informativos en México nunca ha estado exenta de presiones, amenazas y/o argucias para inhibir el libre ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, los informadores y académicos han evidenciado poco interés en desarrollar directrices o indicadores encaminados a mostrar el trasfondo o las tendencias cuantitativas de tales acechanzas, más allá de los discursos y la inmediata cobertura noticiosa.

Por ello, los autores del presente artículo recorrimos una ruta crítica en la que, luego de los primeros pasos experimentales, y hasta a veces intuitivos, logramos alcanzar un segundo nivel de análisis basado en la revisión dialéctica y crítica de lo creado. La propuesta metodológica impulsada por la Fundación Manuel Buendía A. C., empezó a construirse desde el primer lustro de los años noventa y, gracias a la concurrencia con Libertad de Información-México A. C. (LIMAC), en los últimos dos años se ha podido depurarla, validarla y sistematizarla para darle rigor epistemológico y un sustento académico sólido.

Conviene hacer notar que, en tal sentido, todo ejercicio de búsqueda y registro de información tiene que someterse a una constante validación, redefinición y consolidación de los indicadores que permiten allegarnos de información relevante.

Así, pues, aquí damos cuenta del último ejercicio realizado en el que destaca el intercambio de información entre dos organizaciones civiles y, sobre todo, la necesaria interdisciplinariedad que permite enriquecer la visión y los alcances más eficaces y fructíferos en este tipo de estudios.

Antecedentes

Rastrear, dar seguimiento, documentar y analizar los actos contra las libertades de expresión e información,2 constituye una tarea relativamente novedosa en nuestro país. A grandes rasgos ello se explica por un modelo de colusión y complicidad entre los medios informativos y el Poder Público, particularmente desde la cúspide presidencial. Tal relación hacía innecesaria e imposible incluso cualquier tipo de registro, denuncia o reclamo no sólo por el férreo control político sino por la franca sujeción de los empresarios mediáticos, la cual les redituó privilegios de orden económico.3

Dicho modelo de subordinación de la prensa, como apunta José Carreño, inicia su declive a partir de mediados de los años setenta, justo cuando por primera vez a nivel internacional se denuncia el mayor atentado contra la libertad de expresión sufrido en el México de entonces: la intromisión del gobierno echeverrista para destituir a Julio Scherer y su equipo de la dirección de Excelsior, el diario más importante de aquella época en América Latina.

Desde entonces y luego con las presiones publicitarias por parte del gobierno lopezportillista hacia la revista Proceso, y primordialmente a partir del asesinato del columnista Manuel Buendía en 1984 debido a su quehacer periodístico, crece la atención y la preocupación social y gremial por el clima y las condiciones de las libertades informativas.

En ese sentido, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) fue el primer organismo civil en denunciar, así fuese con efectos apagados, la muerte de periodistas desde mediados de los años setenta. Más que monitorear asesinatos de informadores, Cencos ofrecía sólo listas de nombres para alertar al gremio periodístico y a la sociedad. A esa tarea se sumaría también la Unión de Periodistas Democráticos. Aunque no se trataba de rastreos, seguimientos y análisis de casos, lo cierto es que hasta 1988 significaron las únicas voces encaminadas a defender la libertad de expresión.

Acercamientos iniciales

La Fundación Manuel Buendía, nacida en 1984, comenzó a editar desde 1988 la Revista Mexicana de Comunicación, en la cual empezó a registrar informaciones sobre actos contra periodistas. Fue tal la acumulación de casos que se debió crear en 1991 una columna especializada que les diera seguimiento.4Ello de manera natural nos encauzó hacia nuestro primer ejercicio de monitoreo o rastreo y análisis hemerográfico.

Nos extrañaba sobremanera que más que organizaciones nacionales, fueran organismos extranjeros, como Artículo XIX y el Pen Club Internacional, los que en aquel entonces se preocuparan y se ocuparan de defender con mayor ahínco el estado de las libertades de expresión e información en México. Nos llamó la atención, por ejemplo, que en octubre de 1991 llegara a nuestro país una misión del Pen Club Internacional para registrar los abusos contra medios e informadores. Tras realizar entrevistas con periodistas, investigadores de derechos humanos y representantes del gobierno, ese grupo hizo un reporte donde se denunciaba la existencia de un sistema de prensa que, desde luego, no correspondía con los estándares de los países democráticos. Entre otras vertientes de tal sistema, se destacaba la intervención gubernamental a través de la atribución discrecional de publicidad, la publicación de gacetillas, la práctica del embute y, fundamentalmente, las acciones de intimidación, hostigamiento y censura por parte de los distintos grupos de poder en casi todos los niveles: municipal, estatal y federal.

Si bien relevante, la misión del Pen Club únicamente se sustentaba en entrevistas, pero no en un monitoreo minucioso o en datos más específicos.

Frente a ello, la Fundación Manuel Buendía se interesó en rastrear en ocho diarios mexicanos las posibles agresiones contra periodistas con el fin de conocer hasta qué punto las conclusiones del Pen Club Internacional coincidían con la realidad. Y para nuestro infortunio, nos percatamos de que en efecto la realidad no resultaba nada halagüeña.

Lo que hicimos fue recabar y analizar, sobre todo, de manera intuitiva los actos contra periodistas y medios ocurridos entre enero de 1991 y enero de 1992. Y resaltamos que seguimos un ejercicio de corte intuitivo, porque pese a buscar referentes para respaldarnos metodológicamente, no fue posible encontrarlos, salvo los utilizados en cualquier análisis estadístico, es decir: hacer un vaciado de datos elementales detectados en la información (como lugares, cargos, o presuntos motivos y responsables) para luego cruzarlos cuantitativamente y poder observar las tendencias en uno u otro sentido.

Nuestra intención fue darle mayor sustento a un registro de actos contra periodistas para no quedarnos en la mera denuncia discursiva y sin asideros en datos duros. Para ello sólo podíamos recurrir a la única fuente a nuestro alcance: la prensa.

De esta suerte, dicha tarea, comprendida entre enero de 1989 y enero de 1992, implicó el rastreo de cerca de siete mil periódicos y desde entonces empezamos a vaciar el grueso de la información en un cuadro con el objeto de ahorrar espacio y en función de la información que regularmente presentaba cada una de las notas recabadas.

Estas variables mínimas eran: incidente, nombre del afectado, profesión o cargo, medio, fecha, agresor(es), motivos y fuentes.5

  1. Primer análisis sexenal

Este primer ejercicio nos permitió un seguimiento similar aunque con mayores elementos de análisis gracias a un vaciado y un cruce de datos más riguroso en términos de la definición de variables y el alcance de algunas tendencias, que no habíamos advertido suficientemente hasta entonces. Se decidió, por ejemplo, sustituir el título de “agresores” por “presuntos responsables” para aguardar las pesquisas de las entidades de procuración de justicia. Asimismo optamos por incluir en un solo bloque (fuerzas del orden) los actos perpetrados, de acuerdo con los registros hemerográficos, por policías, judiciales, militares, etcétera.

Así, nuestro siguiente estudio hemerográfico se publicó en mayo de 1995 en el que se abordó la situación de las libertades informativas durante el sexenio de Carlos Salinas, y donde advertimos que había sido el periodo más sombrío del México moderno, al sumar más de medio millar de actos contra periodistas y medios de comunicación. 6

Justo es decir que a partir de 1994, teniendo como detonador el movimiento zapatista, el ejercicio crítico de la prensa mexicana ganó un despliegue e intensidad. Aunado a ello, los grupos de la sociedad civil se multiplicaron y, con ellos, las inquietudes y las ideas para defender los derechos humanos, y entre ellos el derecho a la información de la sociedad.

Este análisis sexenal, haciendo uso de un programa estadístico (SPSS) para analizar tendencias de las variables contempladas, nos posibilitó advertir por ejemplo que 43 por ciento de los incidentes registrados eran ataques y agresiones físicas, que 40 por ciento eran motivados por ejercer la función informativa, que 31 por ciento habían sido perpetrados por fuerzas del orden, y que 40 por ciento de los afectados solían trabajar en medios impresos. Tales datos duros, basados en fuentes hemerográficas, describían con mayor crudeza lo que en el pasado se consideraba sólo suposiciones.

Bajo la misma dinámica realizamos otro estudio que abarcó el primer bienio del sexenio zedillista (1995-1996). A diferencia de los trabajos anteriores, y habida cuenta la exigencia de mayor rigor demandado desde las autoridades, detectamos la necesidad de varias precisiones al momento de hacer el análisis:

  1. distinguir entre periodistas y empleados de los medios, e incluir sólo a estos últimos en el caso de que el hecho hubiera tenido el objetivo de afectar o inhibir la libertad de expresión del medio informativo;

  2. ser muy cautos en el registro de la lista de periodistas asesinados: no considerar casos evidentemente ajenos al ejercicio de las libertades informativas, pero tampoco excluir los casos insuficientemente investigados por las autoridades y cuya presunta motivación periodística no hubiera sido bien esclarecida;

  3. no soslayar como posibles actos contra periodistas y medios la recurrencia de demandas judiciales, ya que en este periodo empezó a crecer tal fenómeno en nuestro país;

  4. ampliar el triste abanico de motivos para inhibir el trabajo informativo, pues se evidenció que esa práctica tenía como actores centrales al Poder Público en sus diversas facetas e inclusive a gente vinculada a los mismos medios;

  5. evitar el manejo de la palabra “agresión” o “agresiones” al referirnos a cualquier acto donde aparezca involucrado algún periodista o empleado o directivo de los medios, ya que su empleo ya supone un juicio previo sin la indagación exigible correspondiente; y

  6. por lo anterior, procurar el uso de las palabras “agravio”. “incidente” o “amago” en lugar de “agresión”.7

Seguimiento de casos y propuesta metodológica

Con esta experiencia, a partir de 1997, la Fundación Manuel Buendía propone al Centro Nacional de Comunicación Social sumar fuerzas para realizar y publicar el primer Recuento de daños a las libertades de expresión e información en México durante 1997. Por vez primera se planteó un estudio hemerográfico anual en la materia que a diferencia de los inmediatos anteriores, presentara no sólo un listado pormenorizado de casos y un análisis e interpretación sobre los mismos, sino además un seguimiento hemerográfico y documental tomando como base una propuesta de criterios metodológicos de selección de actos que delineó la Fundación Manuel Buendía.

En ese contexto, junto con entidades como el mismo Cencos, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, entre otras, empezamos a promover la necesidad de constituir una red que promoviera, defendiera, encauzara, registrara y estudiara los actos contra las libertades de expresión e información en México.

Aparte de la indispensable suma de esfuerzos, el afán de una red de tal índole era unificar criterios en torno a los registros de hechos habida cuenta que era recurrente un baile de cifras diversas y a veces contradictorias difundidas por algunos organismos civiles y gremiales. Y es que ocasionalmente, por carencia de información o falta de seguimiento, llegaban a consignarse casos ajenos al quehacer profesional, lo cual a fin de cuentas descalificaba o generaba descrédito sobre las listas que se ofrecían y con ello se debilitaba la fuerza de la denuncia.

De esa suerte a fines de 1997, partiendo de los criterios manejados por la Fundación Manuel Buendía en sus primeros tres estudios, empezamos a diseñar una propuesta metodológica para analizar, con mayor rigor, el cúmulo de actos contra la libertad de expresión registrados en la prensa, y que permitiera nutrir los recuentos de la Red Mexicana de Protección y Periodistas y Medios de Comunicación (publicados hasta 2006).

Para entonces, en un contexto de aparente avance democrático, algunas organizaciones periodísticas y entidades académicas y de derechos humanos comenzaban a poner mayor atención a los incidentes contra medios y periodistas con el fin de denunciar a los presuntos responsables y evitar la impunidad. Sin embargo aún no existía método alguno para sistematizar este tipo de casos. Este nuevo ejercicio de análisis nos obligó, pues, a un replanteamiento.

En el fondo buscábamos aportar mayores elementos de análisis y establecer directrices más puntuales cuyo sustento posibilitara un reflejo más nítido y menos ambiguo del estado que guardaba el ejercicio de las libertades de expresión e información.

Así, de entrada confirmamos la pertinencia de seguirnos apoyando en la misma técnica de investigación que veníamos manejando, aunque adaptándola a las necesidades y realidades propias de la prensa mexicana: el análisis de contenido.8

A. Redefinición de criterios

La metodología de análisis y seguimiento planteada pretendía describir las aristas de la información hemerográfica y documental sobre libertades de expresión e información, y por ello, en lo fundamental, partía de una tipología que construimos tomando en cuenta que era menester evitar las generalizaciones, pues desde el ámbito periodístico se solía caracterizar como “agravios” o “agresiones” cualquier incidente que afectaba al quehacer periodístico. Por esa razón propusimos distinguir cuatro grupos en función del tipo de incidentes y de afectados:

  1. Agresiones públicas o embozadas a periodistas.

  2. Hechos que pueden significar inhibición o presiones a periodistas.

  3. Agresiones públicas o embozadas a medios de comunicación

  4. Hechos que pueden significar inhibición o presiones a medios.9

Considerábamos que no era gratuita la expresión “agresiones públicas o embozadas”, pues nuestros análisis mostraban que un creciente porcentaje de casos suelen ocurrir bajo el anonimato de los responsables. En otras palabras: no ha resultado infrecuente que algunos funcionarios o políticos o particulares, molestos o inquietos por informaciones o críticas u opiniones publicadas o por darse a conocer, actúen contra periodistas a través de mensajes intimidatorios de manera embozada –o sea, sin dar la cara– para no comprometer su imagen pública o la de la institución que representan. En este rubro incluimos los siguientes actos: acoso u hostigamiento, agresión física, allanamiento, amenazas e intimidación, asesinato, atentado a la vida, censura, espionaje, intento de secuestro, obstaculización o bloqueo informativo o veto, y secuestro.

Y en torno al término “hechos que pueden significar inhibición o presiones” a periodistas y medios, nos vimos en la necesidad de proponerlo habida cuenta que, estrictamente hablando, muchos de los actos contra informadores y medios no podían considerarse “agresiones” ni “agravios” o “amagos” como tales. Sin embargo, la experiencia evidenciaba en los últimos años que tanto la interpretación y la aplicación de las leyes como las relaciones prensa-gobierno en México han sido influidas por la discrecionalidad y la parcialidad en momentos clave, lo cual ha posibilitado cauces inhibitorios o de presión gracias a vacíos jurídicos o mediante argucias legales o de otra índole. En otras palabras: la ambigüedad e interpretación sesgada o arbitraria del marco legal, permite acciones que tienden al control gubernamental o a la inhibición. Por ejemplo, si bien la Constitución General de la República dice que es inviolable la libertad de escribir y publicar, y establece como límites el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública, no ofrece elementos de acepción unívoca para definir cada uno de estos conceptos. Tal vacío jurídico ha orillado a introducir nociones autoritarias, que a fin de cuentas redundan en autocensura. Así ocurre en el caso de la Ley Federal de Radio y Televisión, cuyo artículo 97 señala: “El concesionario o permisionario está obligado a atender las observaciones que por escrito le haga la Secretaría de Gobernación, si a juicio de ésta las transmisiones no se ajustasen a la presente ley y su reglamento”. Ello, por supuesto, posibilita elementos subjetivos de interpretación, lo cual coloca en la indefensión a los empresarios de los medios electrónicos y a sus periodistas.

Por tanto, aunque resulta complejo dilucidar a ciencia cierta cuándo se trata realmente de atentados a las libertades de expresión e información, nos vimos en la necesidad de plantear la referencia de tales hechos inhibitorios al implicar una insoslayable veta de análisis. En este segmento contemplamos hechos como los siguientes: citas a comparecer a tribunales, demandas, despidos, detención por parte de autoridades, órdenes de aprehensión, renuncia inducida, robos, suspensiones, auditorías fiscales, bloqueo publicitario, cancelación de un programa o una concesión, cierre temporal o clausura de una emisora, embargo, etcétera.

La propuesta metodológica nos indujo no sólo a desglosar los necesarios listados de conceptos para darle mayor rigor y fidelidad a los análisis, sino también a crear un manual operativo para el diseño de una base de datos que pudimos construir gracias al apoyo y asesoría técnica de la organización Periodistas de Investigación en México.10

La respuesta de la comunidad periodística y académica a la publicación de ese nuevo recuento de daños a las libertades informativas fue discreta. Por una parte, un sector de los medios, particularmente la prensa, lo percibió como una muestra documentada de la poca disposición e ineficacia de las autoridades y de la debilidad de nuestro régimen legal. Desde la trinchera académica, el investigador Ernesto Villanueva destacó en la presentación pública de dicho Informe:

En principio quiero destacar que el estudio es exhaustivo, precisacon claridad las diversas categorías de análisis que permiten diferenciar las formas de acoso particular a los periodistas de los hechos violentos que afectan a la sociedad en su conjunto. Más aún, se trata de un estudio muy completo. Esta apreciación la corroboré al buscar estudios similares en otros países que permitieran ofrecer un análisis comparativo e identificar con precisión donde estamos en el contexto internacional en materia de acoso periodístico. Y digo que corroboré que se trata de un texto completo, pues las referencias que existen –al menos las que yo encontré en los estudios formulados por el Comité de Protección de Periodistas de Nueva York, Reporteros sin Fronteras, Freedom Forum, entre otras— son genéricas y no profundizan como este estudio, ni menos aún aportan un análisis sistemático como el que aquí se contiene. 11

VI. Revisión y sistematización metodológica

A partir de entonces, como parte de la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, la Fundación Manuel Buendía ha aprovechado estos criterios metodológicos para realizar –con el apoyo de otros organismos civiles– más de diez estudios que pretenden ofrecer una aproximación al estado de las libertades de expresión e información en nuestro país. 12

En el último lustro, con el afán enriquecer dichos seguimientos y análisis, hemos detectado la necesidad de depurar más los criterios metodológicos (por ejemplo, añadir e incluso ajustar el desglose de los Motivos de los actos y sus presuntos Responsables). A este respecto, consideramos que una vertiente insoslayable es el terreno vinculado a la procuración de justicia, o sea: el referido a la aplicación de las leyes. Lo anterior fue necesario para evitar la crítica a una supuesta discrecionalidad en la construcción del seguimiento de las agresiones: si las mismas parten de una validación legal, la exigencia de cumplimiento a la autoridad se basa en el derecho vigente. En tal contexto, llamó nuestra atención el que, en el marco de un seminario internacional organizado por Artículo XIX y Cencos a fines de noviembre de 2007, el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), Octavio Alberto Orellana, cuestionara las estadísticas de casos contra informadores, consignadas por diversas organizaciones civiles y gremiales, porque según su perspectiva no son sometidas a una metodología suficientemente estricta.13

Desde siete meses antes, en abril de 2007, la Fundación Manuel Buendía había convenido el establecimiento de un convenio con Libertad de Información-México A. C. (LIMAC) para redefinir o delinear una metodología ajustada a parámetros estrictamente jurídicos que permitieran un abordaje con mayor rigor científico a fin de aportar más elementos para la exigencia de justicia en los casos de actos contra la libertad de expresión. De manera que tal planteamiento de la Fiscalía Especial nos estimuló a acelerar nuestro trabajo de revisión metodológica. Cabe destacar que un encuentro afortunado fue contar con las capacidades técnico-académicas ya que si algo es fundamental para construir adecuadamente un marco de observación es el “quién” construye con el “¿cómo construye?” para regresar al “¿quién recaba la información?” y el “¿quién analiza?”. En pocas palabras: el perfil profesional sí impacta en las capacidades que permiten la construcción de metodologías con mejores sustentos epistémicos y teóricos.

  1. La necesidad del análisis interdisciplinario

Como se reseñó en la presentación, en México una línea constante es el ataque a la libertad de expresión y principalmente a quienes ejercen la labor social de informar a través del periodismo y las empresas mediáticas.

Diversos estudios documentan la diversidad de agresiones que viven los informadores y medios de comunicación en el ejercicio de su actividad. Hoy día existen varias formas de medición de ese tipo de ataques, los cuales arrojan datos que eventualmente llegan a ser divergentes.14 La heterogeneidad en las formas de medición permite la pluralidad de acercamientos al mismo fenómeno, lo que enriquece el debate y sobre todo la documentación de actos de interés público.

El problema emerge cuando desde la sociedad civil se hacen públicos los resultados sobre análisis de agresiones a la libertad de expresión y la autoridad pretende descalificarlos en función de la metodología alegando la diferencia de los mismos. De manera temeraria se pretende eludir la responsabilidad del seguimiento de los casos por los heterogéneos estudios que se hacen en torno a una realidad presente en México.

La apuesta por los estudiosos del Derecho de la Información –en su doble contenido: libertad de expresión y transparencia y acceso a la información– es ser congruentes en la presentación de resultados transparentando la metodología. Ello nos permite, finalmente, seguir la ruta crítica a otros estudiosos a efecto de que puedan constatar los datos y enriquecer el análisis que del mismo se puede llevar a cabo.

Desde la experiencia del periodismo y la comunicación se presentó la necesidad de integrar el aspecto interdisciplinario y recurrir a las premisas del derecho. Con los insumos que desde estas disciplinas ya se tenían y reconociendo que México es un país de leyes en donde pesa más la legalidad como forma de aspirar a la justicia y, por lo mismo, los supuestos normativos deben estar presentes en las revisiones metodológicas, fue posible iniciar la revisión de la metodología, que tuvo dos objetivos fundamentales:

1) Hacer dicha redefinición teniendo como insumo principal el Recuento de daños a las libertades de expresión e información en México, desarrollado por la Fundación Manuel Buendía como parte de la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, con el propósito de depurar –bajo el análisis jurídico– los alcances de las variables empleadas para aportar desde la ley la forma de medición más apropiada, que impida la descalificación por supuestas discrecionalidades.

2) Con la metodología depurada, presentar los ataques a periodistas y medios en el periodo 2000-primer cuatrimestre de 2008 como la muestra de las tendencias que se reflejan a partir de la alternancia en el Poder Ejecutivo.

La ventaja inicial consistió en contar con la información que documentaba el Recuento de daños en el periodo señalado. Sin embargo, en función de las primeras actualizaciones de la metodología, la Fundación Buendía no tenía todas las bases de datos en versión electrónica, por lo que el primer reto fue vaciar la información contenida en la Revista Mexicana de Comunicación para obtener la forma ampliada de los seguimientos hemerográficos y comenzar su depuración. Esto implicó el trabajo de tres personas que de tiempo completo se dedicaron a esa labor durante tres semanas, más una semana de validación de datos y controles para evitar errores y/o incongruencias entre la base y la información recabada.

  1. Los retos en la depuración terminológica

A la par del vaciado electrónico de la información faltante, se empezó con la depuración metodológica. El primer acercamiento consistió en la búsqueda y ampliación de las definiciones jurídicas de todos y cada uno de los rubros que se utilizaron en el recuento en su alcance gramatical para posteriormente entrar al análisis legal.

El desafío se centró principalmente en realizar la depuración sin que impactara en la esencia del estudio que de manera constante consolidó la credibilidad que le respaldaba. Superada esa parte de la ruta crítica, reconocemos que existió el riesgo de que al momento de la revisión jurídica existieran fallas torales que impactaran en la calidad de los resultados. No fue así. Por el contrario: un ejercicio que se inició sin la asistencia técnico-jurídica contaba ahora con elementos válidos para la medición.

Como parte de la depuración, más que excluir algunos términos, el abordaje original de la Fundación en algunas partes evidenciaba ciertas incongruencias derivadas del uso de categorías no jurídicas que generaban dispersión o ambigüedad. El cambio en los principales rubros se dio para lograr la agrupación consistente de los indicadores que los componen. La división de medios informativos y periodistas se conservó con el cambio en las expresiones ambiguas y la inclusión de los dos tipos de agresiones: directas e indirectas.

Aquí cabe hacer un paréntesis para dejar constancia de que el principal conflicto al momento de tomar la decisión de dejar fuera expresiones como “embozadas” o “que pueden significar inhibición” es que las mismas no tienen consecuencias de derecho en el mundo de lo jurídico, lo cual significaba en sí mismo un problema de eficacia al momento de pretender exigir a la autoridad situaciones no contempladas en la norma. Esta situación se resolvió retomando un concepto que en un principio generaba “ruido” al estudiarlo desde la comunicación, pero al ver la connotación técnica-jurídica se ajustaba a la esencia de lo que pretende documentar. Tal término fue “agresión” o “agresiones”. Lo anterior permitió la presentación sistemática de los componentes mismos que a su vez fueron integrados y depurados en los casos necesarios para lograr la consistencia de los registros en esta materia.

A fin de darle mayor seriedad al estudio se sustentó el ejercicio de dotar de rigor jurídico a la presentación a través de la exposición del principio de legalidad que rige en el sistema jurídico mexicano, consistente en que “la autoridad sólo podrá hacer lo expresamente permitido en ley”. En tal sentido todo acto de autoridad deberá estar debidamente fundado y motivado. Por lo tanto al momento de documentar las agresiones a periodistas o medios de comunicación, la autoridad no podrá evadir la responsabilidad en su investigación cuando cada uno de los actos contra ellos coincide con las tipificaciones que presentan consecuencias jurídicas.

Finalmente, en la sistematización se optó por integrar tipificaciones similares a la propuesta original, con el afán de aprovechar los datos que de esa manera se podían presentar. Tanto en el rubro de Periodistas como en el de Medios informativos se clasificaron las agresiones en Directas e Indirectas, razón por la cual se mantienen cuatro rubros y sus correspondientes indicadores. Los conceptos tienen plena coincidencia jurídica con los que se contemplan en las legislaciones penales, civiles y/o administrativas, lo cual permitió darle mayor claridad a la presentación.

Vale la pena destacar que en la presentación de resultados no sólo se logró la actualización metodológica; también se hicieron nuevos cruces de datos, posibilitando un estudio que llega a un nivel mayor que el descriptivo al identificar, por ejemplo, tendencias temporales en el desarrollo de las agresiones.

  1. Los indicadores de medición

Con la depuración metodológica a través de la validación jurídica se presentaron los siguientes indicadores:

    1. Agresiones Directas a Periodistas en lugar de “Agresiones públicas o embozadas a periodistas”.

    2. Agresiones Indirectas a Periodistas en lugar de “Hechos que pueden significar inhibición o presiones a periodistas”.

    3. Agresiones Directas a Medios de Comunicación en lugar de “Agresiones públicas o embozadas a medios de comunicación”.

    4. Agresiones Indirectas a Medios de Comunicación en lugar de “Hechos que pueden significar inhibición o presiones a medios”.

Como se aprecia, se respetó la esencia sin perder el rigor que exige el aspecto técnico del uso de la terminología jurídica. Interesantes discusiones se dieron entre quienes trabajamos este aspecto al momento de aportar válidos argumentos desde la comunicación y el derecho para finalmente tomar la decisión instrumental en función de los fines de la investigación. De esta suerte, tras reconocer el manejo de algunos términos no jurídicos aunque necesarios para la claridad de la documentación y retomar incluso nociones que en un principio fueron descalificadas –pero que bajo la óptica jurídica tienen una mejor aplicación–, se afinó la lista final de indicadores con revisión interdisciplinaria. El debate fue enriquecedor en las formas de acercamiento y problematización de los fenómenos que aportan las diversas disciplinas.

1. Agresiones Directas a Periodistas

En esta categoría se agrupan aquellas tipificaciones que impactan de manera inmediata a los periodistas. La mayoría de ellas suelen ser ataques a su persona y también al ejercicio profesional que desempeñan:

a)

Acoso u hostigamiento.

b)

Agresión física.

c)

Allanamiento.

d)

Amenazas / intimidación.

e)

Asesinato.

f)

Atentado.

g)

Bloqueo informativo / obstaculización.

h)

Censura.

i)

Decomiso.

j)

Desaparición.

k)

Insultos.

l)

Secuestro.

2. Agresiones Indirectas a Periodistas

En este apartado se presentan aquellos ataques que de manera sutil –o que no son inmediatamente identificados como agresiones– sufren los periodistas. En tales casos, el ataque no es inmediato e incluso se utilizan medidas sofisticadas tales como demandas o denuncias temerarias con la intención de inhibir el ejercicio de la libertad de expresión:

a)

Arbitrariedad en edición.

b)

Auto de formal prisión.

c)

Anuncio de demanda.

d)

Cita a comparecer.

e)

Demanda / denuncia / Sujeto a juicio

f)

Despido.

g)

Detención.

h)

Orden de aprehensión.

i)

Robo.

j)

Sujeción a proceso.

3. Agresiones Directas a Medios de Comunicación

Aquí se incluye tanto a la persona física (persona: empleado o empresario del medio) como a la persona moral (empresa o grupo de empresarios en sociedad). Por este motivo varios indicadores coinciden con los ya presentados en el caso de los periodistas:

a)

Acoso u hostigamiento.

b)

Agresión física.

c)

Allanamiento.

d)

Amenazas / intimidación.

e)

Anuncio de bloqueo informativo / publicitario.

f)

Asesinato.

g)

Atentado.

h)

Bloqueo informativo.

i)

Censura.

j)

Desaparición.

k)

Toma.

4. Agresiones Indirectas a Medios de Comunicación

En este último bloque destaca lo que en los últimos años se viene presentando a través de procedimientos administrativos como la revisión de aspectos de seguridad social o de corte hacendario, lo cual puede terminar en el cierre temporal e incluso permanente del medio informativo:

a)

Anuncio de demanda.

b)

Aseguramiento.

c)

Auto de formal prisión.

d)

Cierre temporal o clausura.

e)

Cita a comparecer.

f)

Confiscación.

g)

Demanda

h)

Detención.

i)

Multa.

j)

Robo.

k)

Secuestro.

l)

Sujeción a proceso.

Con la metodología depurada, sistematizada y actualizada, tenemos una serie de indicadores que se muestran con la validación legal respectiva, así como las definiciones y justificación de su elección por encima de otras. De esta manera, el ejercicio emprendido durante años por la Fundación Manuel Buendía llega a su etapa de maduración y permanencia como referente e insumo de otros colegas e investigadores que dan cuenta del estado de la libertad de expresión en México.

VII. Conclusiones

1. La importancia de plantear indicadores jurídicos para analizar las agresiones contra la libertad de expresión radica en que ello no sólo permite visualizar las tendencias fácticas en materia del respeto a las libertades de expresión e información en nuestro país, sino que paralelamente abre la posibilidad de combatir legalmente tales acechanzas, presiones y agravios. Porque es desde el ámbito de la procuración de justicia donde puede combatirse a quienes atentan contra el ejercicio de las libertades informativas, pese a la falta de confianza y credibilidad de no pocos ciudadanos y del gremio periodístico. Y porque estos estudios, bajo la mirada de los referidos indicadores jurídicos, más allá de significar una voz de alerta para defender y promover tales prerrogativas en pro del derecho a la información de la sociedad, deberían ahondar en los casos que implican un seguimiento de carácter judicial a fin de promover recursos jurídicos que luchen contra la impunidad, velen por el respeto a las libertades informativas y no nos quedemos en la mera denuncia. Es decir, nos aportan mayores elementos para poder evaluar la eficacia judicial en los casos procedentes o, lo que es lo mismo, medir la capacidad de respuesta del sistema de procuración y de aplicación de justicia frente a las denuncias recibidas en este terreno.

2. Gracias a estos recuentos y análisis podemos afirmar que hoy día tenemos referentes más sólidos respecto a las prácticas recurrentes enfocadas a limitar el ejercicio periodístico o en torno a las tendencias sobre razones, aparentes agresores, lugares o fuentes informativas de los afectados por ejercer su libertad de expresión en nuestro país. Ciertamente ello no se ha reflejado de manera automática en una disminución de las mismas, pero aportan mayor contexto para el desarrollo de propuestas de prevención, capacitación y abordaje jurídico, o de posibles políticas públicas en la materia e incluso de iniciativas legislativas.

3. El trabajo de abordaje del tema y de redefinición jurídica que aquí se describe, no habría sido posible sin la colaboración y el conocimiento de profesionales de la Comunicación, el Periodismo y el Derecho. El cruce interdisciplinario permite hacer investigaciones con mayor solidez científica y registro de datos que difícilmente pueden ser descalificados ante los referentes y transparencia en la forma de elaboración de indicadores. El intercambio de experiencias entre actores (en este caso, la Fundación Manuel Buendía y Libertad de Información-México) permitió enriquecer el ejercicio de medición que se realiza periódicamente. El punto de inflexión que aceleró el proceso fue la actitud descalificatoria de la autoridad al buscar en las fallas metodológicas su excusa para justificar su negligente actuación.

4. El realizar estudios en materia de libertad de expresión en el México contemporáneo cobra especial relevancia ya que permite evidenciar una realidad preocupante, pero no sólo eso: al obtener, documentar y presentar la información sobre ataques a periodistas y medios informativos, se deja constancia de lo que en los hechos no se puede negar y puede servir de fundamento para la legitima exigencia de la actuación eficaz de la autoridad.

5. Los indicadores jurídicos para analizar las agresiones contra la libertad de expresión, son públicos y están disponibles para quien se interese por dar seguimiento en la materia. El objetivo de la Fundación Manuel Buendía rebasa la propia necesidad de generar este tipo de estudios y se convierte en un fuerte compromiso por compartir experiencias valiosas como ésta para beneficio del gremio periodístico y de la sociedad en general.

FUENTES DE CONSULTA

CARREÑO Carlón, José, “Ética, poder y prensa en México, en Aznar Hugo y Villanueva Ernesto, Deontología y autorregulación informativa, UNESCO / Fundación Manuel Buendía / Universidad Iberoamericana, México DF, 2000.

ESCOBEDO, Juan Francisco, Resonancias del México autoritario, edit. Universidad Iberoamericana / UNESCO / Fundación Manuel Buendía, México DF, 2000. 240 pp.

GÓMEZ Gallardo, Perla, Libertad de expresión, protección y responsabilidades, Ediciones CIESPAL, Quito, Ecuador, 2009. 470 pp.

RIVA PALACIO, Raymundo, Más allá de los límites. Ensayos para un nuevo periodismo, Fundación Manuel Buendía y Universidad Iberoamericana, México DF, 1999, 246 pp.

RODRÍGUEZ Castañeda, Rafael, Prensa vendida. Los presidentes: 40 años de relaciones, Grijalbo, México DF, 1993.

RUIZ Castañeda, María del Carmen, El periodismo en México: 500 años de historia, Edamex, México , 1995.

SILVA-HERZOG Márquez, Jesús, El antiguo régimen y la transición en México, Editorial Planeta/Joaquín Mortiz, México DF, 1999.

VARIOS autores, Riesgos y perspectivas del periodismo latinoamericano Un análisis sobre la responsabilidad social, la ética y los derechos humanos de los periodistas, Federación Latinoamericana de Periodistas / Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía / Fundación Manuel Buendía / UNESCO, México DF, 2000. 190 pp.

VARIOS autores, Informe Buendía 2007. Análisis hemerográfico sobre los obstáculos a la libertad de expresión en México, Fundación Manuel Buendía A. C. / Libertad de Información-México, México DF, 2008. 82 pp.

VARIOS autores, Libertad de expresión y responsabilidad social, Memorias del Simposio Internacional de la CIRT, México DF, 1998. 380 pp.

VARIOS autores, Seminario Internacional: Sistemas de Alertas y Metodología para el Registro, Documentación y Seguimiento de las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, 29 y 30 de noviembre de 2007, Ciudad de México, publicación elaborada por Article XIX y el Centro nacional de Comunicación Social.

VARIOS autores, Recuento de Daños. Un acercamiento al estado de la libertades de expresión e información en México, Las 10 ediciones del impulsadas por la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación entre 1997 y 2006. Éstas pueden consultarse en el sitio Web de la Fundación Manuel Buendía en la Unidad de Libertad de Expresión: www.fundacionbuendia.org.mx

VILLANUEVA Ernesto, Régimen jurídico de las libertades de expresión e información en México, México, UNAM, 1998, 253 pp.

SINGER Leticia, Mordaza de papel. Entrevistas con periodistas, ·Ediciones El Caballito, México DF, 1993. 199 pp.

REVISTA MEXICANA DE COMUNICACIÓN. Las siguientes ediciones: 3, 4, 6, 22, 40, 49, 54 y 59.

DEFENSOR. Órgano oficial de difusión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Núm.7, año V, julio de 2007.

1 * Presidente de la Fundación Manuel Buendía A.C., director de la Revista Mexicana de Comunicación y profesor de periodismo de la FES Acatlán-UNAM.

** Profesora Investigadora Titular C, Departamento de Estudios Institucionales UAM-Cuajimalpa, Maestra por oposición de Derecho a la Información, Facultad de Derecho UNAM.

2 Aquí nos ajustamos a lo delineado por Ernesto Villanueva: “[…] el contenido de la libertad de expresión ‘puede consistir en reflexiones o comentarios sobre ideas generales, o referirse a comentarios sobre noticias relacionadas con acontecimientos concretos’, o como bien ha señalado el Tribunal Constitucional de España: ‘La libertad de expresión tiene por objeto pensamientos, ideas y opiniones'”. Y por lo que se refiere a la libertad de información, el mismo autor la concibe como “el derecho de todo individuo a recibir, investigar y transmitir hechos dotados de trascendencia pública a través de los medios de comunicación social”. Véase Villanueva, Ernesto, Régimen jurídico de las libertades de expresión e información en México, México, UNAM, 1998, 253 pp.

3 Carreño Carlón, José, “Ética, poder y prensa en México, en Aznar Hugo y Villanueva Ernesto, Deontología y autorregulación informativa, UNESCO / Fundación Manuel Buendía / Universidad Iberoamericana, México DF, 2000.

4 El registro de esos hechos primero apareció en la sección “Bitácora”, a cargo de Raúl Velázquez; pero habida cuenta la multiplicación de casos tuvo que inaugurarse una nueva columna exclusiva de tales asuntos, llamada “Medioscopio”, escrita por el mismo autor. Véanse los números 3, 4, y 6 de Revista Mexicana de Comunicación (RMC) correspondientes a 1989.

5 Véase Barrera Juan Antonio y Velázquez Raúl, “Los riesgos del oficio periodístico en los últimos tres años”, en RMC Núm. 22, marzo-abril de 1992. pp. 5-11. Para el análisis de las variables señaladas se utilizó el programa estadístico para las ciencias sociales SPSS.

6 Ver Martínez Omar Raúl, Barrera Juan Antonio, Narváez Preafán Fabiola y Martínez Sánchez Verónica, “Un periodo sombrío para el periodismo mexicano. Medio millar de agresiones a periodistas durante el sexenio de CSG”, en RMC Núm. 40, mayo-julio de 1995. pp. 6-10.

7 Ver Martínez Omar Raúl y Martínez Sánchez Verónica Trinidad, “Agravios a periodistas mexicanos durante el primer bienio zedillista”, en RMC Núm. 49, junio-julio de 1997. pp. 26-36.

8 De acuerdo con Ole R. Holsti, el análisis de contenido es la aplicación del método científico a la evidencia documental, y se distinguen tres requisitos para su realización: a) objetividad, que “estipula que cada fase del proceso de investigación se debe llevar a cabo con base en reglas y procedimientos explícitamente formulados”; b) sistematización, la cual supone que “la inclusión y exclusión de contenidos o de categorías se hace de acuerdo con reglas aplicadas en forma consistente”; c) generalización, que sugiere que las tipologías o procedimientos sean aplicables en todos los casos, y a la necesidad de que los descubrimientos tengan una importancia teórica. Según Bernard Berelson, el análisis de contenido es un método científico, todavía en perfeccionamiento, cuyo objetivo es describir diversas facetas del contenido de la comunicación en una forma concisa. Ver Ole R. Holsti: Content Analysis for the Social Sciences and Humanities.Reading, Mass. 1969

9 Ver Martínez Omar Raúl y Martínez Sánchez Verónica Trinidad, “Una propuesta de abordaje metodológico. Para analizar agresiones y hechos inhibitorios contra periodistas”, en Recuento de Daños. Un acercamiento al estado de las libertades de expresión e información en México Durante 1997, realizado por la Fundación Manuel Buendía y el Centro Nacional de Comunicación Social, organismos miembros de la Red de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, mayo de 1998. El mismo Recuento con la respectiva propuesta metodológica apareció en las páginas de la Revista Mexicana de Comunicación Núm. 54, correspondiente a mayo-junio de 1998.

10 Algunas de las vertientes más importantes de contempladas en la metodología y en el manual operativo son las siguientes:

Terminología:

1.Acoso u hostigamiento. Perseguir al periodista con pequeños ataques (acechar, o someterlo a circunstancias difíciles, agresiones, amenazas).2. Agresión física. Todo ataque a la persona del periodista (bofetadas, patadas, empujones, puñetazos). 3. Atentado. Cuando se ponen en riesgo las instalaciones o el inmueble del medio. 4. Auditoría. Examen de las operaciones financieras y administrativas de un medio que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Suelen ser recurrentes cuando se presume una supuesta evasión fiscal. 5. Allanamiento.Cuando una autoridad se introduce ilegalmente a la casa u oficina del periodista o a las instalaciones u oficinas del medio. 6. Amenaza o intimidación. Cuando el comunicador o el medio recibe, vía telefónica o directa, advertencias para que no siga transmitiendo o publicando cierta información. 7. Asesinato. 8. Atentado. Acto de violencia frustrado contra la vida de un periodista (bombas, balazos, cristalazos, etcétera). 9. Bloqueo informativo. Interrumpir o impedir la captación de informaciones a nivel institucional. 10. Bloqueo publicitario. Cuando se retira la publicidad, sea gubernamental o privada, a fin de influir en la política editorial del medio. 11. Cancelación de un programa. 12. Censura. Cuando una autoridad gubernamental o los propios directivos de los medios controlan o impiden la difusión de ciertas ideas o programas. 13. Cierre temporal o clausura de una emisora.Interrupción por causa determinada. 14. Confiscación, incautar los ejemplares de un periódico o revista para impedir su circulación. 15. Demanda penal. Cuando el periodista o el medio informativo es expuesto a enfrentar un juicio por demanda, regularmente por parte de un funcionario. 16. Despido. Ruptura unilateral de un contrato de trabajo antes del tiempo previsto. 17. Detención. Privar de la libertad por causa cierta o supuesto delito. 18. Embargo. Retener una propiedad de un medio por mandato judicial y sujetarla al resultado de un juicio. 19. Intento de secuestro. 20. Obtaculización o bloqueo informativo o veto o restricciones. Todo aquel impedimento para realizar el trabajo reporteril. 21. Renuncia inducida. Normalmente son volluntarias, cuando el periodista considera que no se le permite realizar su trabajo dentro del medio. 22. Secuestros. Retener por la fuerza y contra su voluntad a un periodista. También aquí se concentrarán los desaparecidos. 23. Suspensión. Cuando a un periodista se le retira temporalmente de su puesto de trabajo. 24. otros.

Motivos:

Los motivos para cometer cada uno de los hechos o actos contra periodistas y medios, constituyen otra variable de sumo interés por lo que tienen de significación para el ejercicio de las libertades de expresión e información en nuestro país. Por ello, resulta imprescindible definirlos en detalle: a) Por contenidos: cuando el periodista escribe, publica o transmite determinado material que molesta o preocupa a alguien, sin especificar si el afectado es un articulista, columnista o reportero. b) Por críticas: cuando el periodista o el medio realiza juicios o comentarios críticos de las actividades de organismos o personas públicas; por lo general se trata de columnistas, articulistas o ensayistas que analizan, cuestionan y opinan en torno a temas de coyuntura.4 c) Por denuncias: cuando un reportero -o eventualmente un columnista- hace la revelación de datos, sucesos o informes que evidencian manejos turbios o ineficientes o ilegales, que afectan al conjunto social y son de interés público. d) Por motivos desconocidos: cuando la fuente omite el dato o el afectado ignora la identidad de los agresores. e) Por nexos con el narcotráfico: cuando el periodista aparentemente tiene algún vínculo con narcotraficantes. f) Por ejercer su labor: cuando el periodista resulta agredido por o al momento de realizar su trabajo reporteril. g) Por posibles contenidos o denuncias: cuando no se tiene la certeza de que el periodista haya sido agredido por transmitir alguna información o comentario, pero hay probables indicadores para señalar responsabilidades. h) Robo: cuando al periodista se le despoja de algún material de trabajo con el fin indirecto de inhibir su labor y los indicios refuerzan tal hipótesis. i) Por difundir propaganda propia: cuando los responsables toman las instalaciones de un medio informativo con el propósito de divulgar sus propios planteamientos, informaciones o puntos de vista en torno a asuntos que les compete.

Responsables:

Desconocidos, Directivos de medios (dueño, presidente, director), Ex funcionarios de dependencias policiacas, Ex funcionarios de gobierno; en el rubro de Fuerzas del orden se incluyen: Agentes de MPF, Agentes de PFC, Agentes de PJ, Agentes de la PFF, Agentes de la PJDF, Agentes de PPM, Agentes de tránsito, de vialidad, Agentes del MP, Agentes judiciales, Agentes policiacos, Comandante de PGR, Comandantes, Agentes, Elementos de PJE, Efectivos, Granaderos, Elementos de SSP, Elementos de PF, Elementos de la DSP del Estado, Granaderos en general, Integrantes de la PJF, Jefe, Policías antimotines de la SGPyV, Policía preventiva, Policías de tránsito municipal, Policías intermunicipales y Policías municipales; Funcionarios de dependencias policiacas (delegado de la PGR, director de DSP, oficial de PJF), Funcionarios de gobierno (gobernadores, regidores, presidentes municipales), Grupos Políticos (militantes de partidos), Grupos sociales (organizaciones, miembros de UV y EPM, militares de la Convención Nacional Democrática), Instituciones de gobierno (SEDENA, Dirección de Comunicación Social del Gobierno Estatal, instancias de la OGR y SC), Particulares (personas sin cargo público), Partidos Políticos, Supuestos narcotraficantes, Otros.

 

11Véase en el sitio Web de la Fundación Manuel Buendía el “Comentario a la propuesta metodológica” (http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/fmb/libexp/rd97p4.htm), México DF, agosto de 1998.

12 El interesado puede consultar las ediciones del Recuento de Daños. Un acercamiento al estado de las libertades de expresión e información en México, que aparecieron de 1997 a 2007, así como el Informe Buendía desde 2008. Revisar el sitio web de la Fundación Manuel Buendía, en el apartado de Unidad de Libertad de Expresión: www.fundacionbuendia.org.mx

13 Véase la memoria de tal encuentro: “Seminario Internacional. Sistemas de Alertas y Metodología para el Registro, Documentación y Seguimiento de las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación en México”, 29 y 30 de noviembre de 2007, organizado por Artículo XIX y Cencos en la Ciudad de México.

14 Estudios como los de Reporteros sin Fronteras, Cencos, Artículo XIX, AMARC y hasta los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dan cuenta de esto.

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